Así lo ha expresado durante una rueda de prensa a raíz de la información publicada por 'Última Hora' sobre que condenados por corrupción habrían cobrado 4 millones de las instituciones desde 2014.
"Tenemos claro que las sentencias judiciales firmes están para cumplirse", ha declarado Costa, que de momento no ha recibido confirmación de que haya ningún contrato de este tipo desde el Govern actual.
De este modo, el Ejecutivo autonómico revisará "que se han cumplido al pie de la letra las sentencias" y no se haya contratado con empresas condenadas por la vía penal en sentencia firme con inhabilitación para contratar con la administración.
El Ejecutivo también comprobará si se ha podido producir ocultación de información por parte de las empresas que se hayan presentado a contratación.