Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que la Conselleria decidiera la semana pasada que no haya funcionarios en la mesa de contratación que aborda esta compra de urnas, sino altos cargos del departamento de designación política.
"Se ha compuesto la mesa mediante cuatro altos cargos. Es perfectamente coherente con nuestra posición como Govern. Es un proceso --el soberanista-- en el que la responsabilidad la asumimos los políticos y hay que dejar al margen los funcionarios", ha sostenido.
Munté ha defendido que este proceso de urnas es legal, y ha lamentado las "amenazas" del Estado, en alusión a la querella que anunció la Fiscalía General contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs.
La portavoz ha lamentado el anuncio de esta querella y, además, que el Govern la haya conocido a través de los medios, asegurando que la consellera no ha recibido notificación: "Es una situación bastante anómala".
ESTE MIÉRCOLES, LA DECISIÓN
El viernes de la semana pasada se dieron a conocer las dos empresas que optarán a hacer las 8.000 urnas que quiere la Generalitat, y este miércoles a las 12 horas está previsto que se dé a conocer la empresa que finalmente tendrá el encargo.
La Conselleria ha eximido a los funcionarios de participar en este proceso y ha decidido que la responsabilidad recaiga en el secretario general del Departamento, Francesc Esteve; la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Massó; el de Vivienda y Mejora Urbana, Carles Sala, y el de Administraciones Locales, Joaquim Ferrer.