El objetivo es que el próximo pleno del TC decida la admisión a trámite de este asunto ya que, de hacerlo, supondrá la suspensión de esta paga durante al menos cinco meses. Este es el tiempo que tendrá el Tribunal para ratificar o levantar esta suspensión, según ha explicado el Ejecutivo, a la espera de una resolución del conflicto.
El Gobierno vasco, que se encuentra en funciones, anunció su intención de pagar este abono extraordinario el mes que viene a sus 67.000 empleados públicos porque así lo recoge su Ley de Presupuestos. Como esta norma no fue modificada tras el real decreto, considera que sigue en vigor y debe cumplirla. Dedicará a este fin 207 millones de euros.
El Ejecutivo del PP esgrime sin embargo a su favor que el Estado es legítimo "para establecer límites retributivos de los empleados públicos, que operan como límites de la autonomía financiera autonómica, según se establece en la doctrina del propio Tribunal Constitucional".
Argumenta también el artículo 2 del citado real decreto, que establecía que el personal del sector público, incluido el autonómico, "verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes".
Navarra y Extremadura, otros casos
Sáenz de Santamaría ha explicado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estudia "caso por caso" los anuncios autonómicos de abonar una extra las próximas Navidades, por si incumplen la legislación estatal.
En concreto, los casos de Extremadura y Navarra, cuyos gobiernos abonarán en enero una paga extra, pero la correspondiente a junio de 2013, según han aclarado, puesto que el año que viene no está prevista por el momento ninguna restricción. Hacienda estudiará si efectivamente el abono corresponde a dinero del próximo ejercicio o de éste.