El Gobierno ha logrado un ahorro de 17 millones y medio de euros en seis meses de aplicación del plan que puso en marcha a principios de año para racionalizar el uso de los inmuebles pertenecientes al patrimonio del Estado con la resolución de 61 contratos de arrendamiento y la negociación a la baja de otros 58. Así lo ha indicado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha hecho un balance de este plan entre el 1 de enero y el 2 de julio.
Para Sáenz de Santamaría, todas estas "medidas de austeridad" logran un ahorro para el Estado al que se llega "simplemente gestionando bien los recursos públicos".
La vicepresidenta ha anunciado además otra medida en la que está trabajando el Ejecutivo como medida de ahorro según la cual se creará una central de compras para toda la Administración General y que permitirá que todas las necesidades de los organismos estatales se realicen a través de una misma agencia.
Plan de política de empleo
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de política de empleo 2012, que estará dotado con 1.318 millones de euros y de cuyos fondos se hará un seguimiento para comprobar que se usan para los fines establecidos y no para otros distintos y para analizar sus resultados.
"Se va a hacer un seguimiento de que vaya a lo que está presupuestado, para lo que está presupuestado y qué efectos ha tenido esa inversión de más de 1.300 millones para la formación y la creación de empleo", ha destacado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
La vicepresidenta ha añadido que estos mecanismos de control sobre los fondos son una de las principales novedades de este plan, que tiene como objetivos reducir la tasa de paro juvenil, mejorar la empleabilidad de los colectivos más afectados por el desempleo, impulsar el autoempleo, fomentar la colaboración público-privada en la búsqueda de empleo, luchar contra el fraude y apoyar a colectivos con especiales dificultades de empleabilidad, como las personas con discapacidad.
Caso Bankia
La vicepresidenta del Gobierno ha recalcado el respeto del Ejecutivo a la presunción de inocencia ante el caso Bankia, en el que han resultado imputados por la Audiencia Nacional dos exmiembros del Ejecutivo del PP durante la etapa de José María Aznar, Rodrigo Rato y Ángel Acebes.
"Como no puede ser de otra manera, el Gobierno respeta los procesos judiciales y la presunción de inocencia hasta que las resoluciones judiciales acrediten la circunstancia contraria", dijo en respuesta a preguntas formuladas en este sentido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.