El Ejecutivo mantiene así su criterio de recurrir la candidatura firmada por Roger Torrent el pasado día 22 y publicada el 23 de enero y de hacerlo a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional.
El recurso se presenta "con todo respeto al parecer del Consejo de Estado", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno cree que es la vía de "evitar que alguien huido de la justicia pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico".
La vicepresidenta ha sostenido que el Gobierno tiene “argumentos legales suficientes para evitar que Puigdemont, con una orden de busca y captura en España, pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y la legalidad”.
Sáenz de Santamaría ha dicho que el Gobierno “ha cumplido con el procedmiento” y con su “compromiso legal y político” para evitar que Puigdemont “pueda volver a desafiar al estado de derecho”.
“Una vez que llegue a España, su primera obligación es ponerse a disposición de la justicia”, ha explicado la vicepresidenta, que ha recordado que sobre él pesan los delitos de rebelión y sedición.
Esta impugnación que la Abogacía del Estado ha redactado contra la candidatura de Puigdemont ya ha sido entregada en el Tribunal Constitucional, según han informado fuentes de este órgano.