Las víctimas de homicidio, lesiones, libertad, indemnidad sexual, terrorismo o de delitos cometidos en el seno de una organización criminal serán algunas de las beneficiadas por este "derecho excepcional".
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que las víctimas podrán recurrir en un plazo de 20 días el sobreseimiento de la causa y que el texto introduce el que ha llamado "derecho de reflexión" para evitar "escenas dolorosas" como las producidas en los accidentes de Spanair y de Angrois.
"Significa prohibir en un mes que los abogados y procuradores tomen la iniciativa de dirigirse a las víctimas evitando escenas muy dolorosas donde terminados profesionales inmediatamente después del accidente y antes del entierro se dirigían a familiares para que contrataran sus servicios", ha dicho.
El texto aumenta la protección de víctimas especialmente vulnerables, como discapacitados o menores, para que estén acompañados durante los interrogatorios. En el caso de los menores, se evitarán que comparezcan directamente el juicio y sus exploraciones serán grabadas con carácter previo.
RECURRIR ARCHIVOS Y CONOCER LAS MEDIDAS CAUTELARES
Otra de sus principales novedades radicaba en que las víctimas, aunque no estuvieran personadas en el procedimiento, puedan recurrir las resoluciones de sobreseimiento y archivo en un plazo suficientemente amplio como para valorar si deben hacerlo y personarse en las actuaciones.
El informe también ampliaba los derechos de las víctimas para que pudieran tener acceso a información concreta sobre la causa, como la fecha y lugar del juicio, la notificación de las sentencias y de las resoluciones de medidas cautelares y de libertad del encausado, siempre y cuando lo soliciten y exista una situación de peligro que lo justifique.
Se abogaba por aumentar los servicios asistenciales, el asesoramiento legal, el acceso a medidas de protección y una vía de contacto para recibir información sobre el estado del asunto. Además, se sugería que dispusieran de servicios de traducción e interpretación gratuita para poder ejercer sus derechos.
En el caso de aquellas especialmente vulnerables como menores, discapacitados, afectados de grandes catástrofes o perjudicados por delitos de naturaleza sexual, estarán acompañadas en los interrogatorios que se efectuarán en dependencias habilitadas con un profesional especializado.
PLAN PIVE 4
El Gobierno ha aprobado, también, el Plan PIVE 4, que incentiva la compra de automóviles a cambio de achatarrar uno antiguo, y que contará con una dotación de 70 millones de euros. La principal novedad de este nuevo programa es una modificación para dar entrada en el mismo a los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, según informaron fuentes oficiales.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el pasado día 17 la aprobación del Plan, que se puso en marcha por primera vez en septiembre de 2012, y explicó que la idea es que se prolongue hasta final de año.
Hasta ahora, el plan ha contado con una financiación de 220 millones de euros en ayudas, de los que se han beneficiado 220.000 propietarios de automóviles, a razón de 75 millones en su puesta en marcha, otros 75 millones en el caso del PIVE 2 y 70 millones más para el PIVE 3, puesto en marcha el pasado 1 de agosto y que ya se ha agotado.