"El Gobierno respeta la valoración de los profesionales de la Justicia", ha dicho la vicepresidenta antes añadir que el Ejecutivo "toma decisiones y el Parlamento aprueba las leyes oportunas". Con el incremento de las tasas se pretende evitar la ligitiosidad y hacer un ejercicio de "equidad" elevando los umbrales para acceder a la Justicia gratuita.
Sáenz de Santamaría ha recordado que las tasas en España están "muy por debajo" de las que se aplican en Europa. Ahora se procede a su "actualización y ampliación".
La vicepresidenta ha dado datos: en 2011 se atendieron gratuitamente a 2.700.000 personas y se admitieron el 99% de las peticiones de servicio gratuito de la Justicia.
Sáenz de Santamaría ha dicho que es comprensible que "los usuarios y los trabajadores de la administración de Justicia consideran que determinadas medidas afectan al funcionamiento, pero el Gobierno toma medidas que no son fáciles ni populares" porque trata de "mejorar servicios público muy necesarios".
La vicepresidenta ha insistido en la idea del minsitro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, cuando ha afirmado que las nuevas tasas a pagar por los ciudadanos que acudan a los tribunales forman parte de una "profunda reforma" de esta administración.