La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha vuelto a animar este jueves a los funcionarios a pedir fiesta en el trabajo el 6 de febrero para ir a apoyar al expresidente de la Generalitat Artur Mas en el juicio contra él por la celebración del 9N.
"Pues sí, ante la pregunta que me hicieron de si vería bien que cogieran un día de asuntos propios para ir a apoyarle dije que sí, y sí, lo vería bien e incluso necesario", ha defendido en respuesta a una interpelación en el pleno del Parlament del diputado y representante de C's en la Mesa de la Cámara catalana, José María Espejo-Saavedra, que ha calificado de vergonzoso que Borràs defienda algo así, teniendo en cuenta que los empleados públicos dependen de ella.
La consellera ha dicho que es su opinión y la seguirá defendiendo --"y si no le gusta o le escandaliza, me sabe mal, pero es así"--, y ha destacado que no puede tolerarse que se judicialice una cuestión política y se lleve a los tribunales a un representante que lo único que defiende es que los ciudadanos puedan votar.
Espejo-Saavedra ha acusado a Borràs de utilizar políticamente a los funcionarios y le ha exigido que concrete si dará alguna orden contraria a la Constitución a los trabajadores públicos para hacer el referéndum.
Borràs ha garantizado que los funcionarios catalanes seguirán trabajando con "tranquilidad e independencia" en el despliegue de la hoja de ruta independentista y la celebración de un referéndum, y ha acusado a C's de intentar inocularles miedo con proclamas falsas como que se quedarán sin empleo y que incumplirán la ley si permiten la celebración de un referéndum.
De hecho, ha asegurado que C's ha pedido al Gobierno central que envíe cartas individualizadas a todos los funcionarios catalanes recordándoles que deben cumplir la ley: "Ustedes usan a los trabajadores públicos como herramienta política e intentan propagar el discurso del miedo".
NINGUNA AMENAZA
"A día de hoy, y seguirá así, no hay ninguna amenaza sobre los trabajadores públicos", ha defendido la consellera, que también ha recordado que los sindicatos mayoritarios de los funcionarios se adhirieron al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Ha defendido que el Govern no ha puesto ni pondrá en riesgo a ningún trabajador público ni redactará instrucción alguna que les invite a incumplir la legalidad: "No haremos otra cosa que hacer las cosas bien hechas, con toda garantía para los funcionarios".
También ha defendido que la hoja de ruta independentista es un mandato democrático del Parlament y no algo impuesto por el Govern, un argumento que Espejo-Saavedra ha considerado totalitario.
El representante de C's ha recordado que los funcionarios pueden desobedecer las órdenes que les dan sus superiores en caso de que impliquen incumplir la Constitución: "Espero que no tengamos que llegar a ese punto".