La Fiscalía considera que los acusados han admitido su participación en los hechos y han colaborado "en la reintegración en la masa concursal, de activos cuya existencia desconocía".
El Ministerio Público solicitaba 15 años de cárcel para Díaz Ferrán, al que acusa de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal; ocho años y nueve meses para Gerardo Díaz de Santamaría, hijo de Díaz Ferrán; y ocho años para De Cabo. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa.
El fiscal Daniel Campos también acusaba al número dos de De Cabo, Iván Losada, que se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses de cárcel, y a otras siete personas a las que imputa los delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento. La Fiscalía pedía fianzas por importe de más de 1100 millones en concepto de responsabilidad civil.
DENUNCIA DE LAS MAYORISTAS
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenó la detención de nueve personas en diciembre de 2012, en el marco de la 'operación Crucero', que se inició tras una denuncia presentada en febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el Grupo Orizonia.
El fiscal sostiene que Díaz Ferrán poseía, junto al fallecido Gonzalo Pascual, un grupo de sociedades cuya cabecera era Viajes Marsans y que agrupaba a otras 117 empresas, a través de Holdisan y Parihol, dedicadas al sector turístico y del transporte.
Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, el grupo empresarial empezó a acumular deudas que comprometían gravemente la viabilidad, lo que desencadenó que, a partir de diciembre de 2009, el Consejo de Administración fuera sustituido por dos administradores solidarios y que pasara a venderse, en 2010, al empresario Ángel de Cabo.
La situación derivó en la salida a concurso de Viajes Marsans y otras empresas, en los que se determinó que el déficit patrimonial de la empresa superaba los 270 millones mientras que la deuda de Díaz Ferrán alcanzaba los 413 millones y la de Pascual los 313.
PLAZOS MENSUALES
Díaz Ferrán y Pascual transmitieron a De cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que éste abonara cantidad alguna, si bien debía pagarles 8 millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales "con lo que podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia".
La Fiscalía acusa también a otras siete personas: la esposa de De Cabo, Consuelo Garrido (dos años y nueve meses), el hermano de éste Teodoro Garrido (4 años y 3 meses), la secretaria del empresario, Susana Mora (4 años y 9 meses), el financiero Carmelo José Estelles (6 años y 3 meses), el empresario del transporte ligado a De Cabo, Antonio García Escribano (4 años y 3 meses), el testaferro José Enrique Pardo (4 años y 3 meses) y el fiscalista Rafael Tormo (4 años y 9 meses).