La Generalitat ha expuesto este jueves en las alegaciones enviadas al Senado que las medidas del 155 son de una "manifiesta desproporción" y van más allá de "medidas necesarias" para "que la Generalitat de Cataluña revoque la declaración de independencia y los otros actos dirigidos a este mismo objetivo". A su juicio, sirven para despojar de sus atribuciones y desarticular la estructura de la Administración catalana.
En el documento enviado al Senado y firmado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el Govern advierte de que para resolver lo que el Gobierno califica de "grave situación extraordinaria", se va a crear "una todavía más grave situación extraordinaria al arrebatar a Cataluña su autonomía política".
Según el texto de Puigdemont el "límite ha sido ampliamente sobrepasado y sin justificación con su adecuada proporcionalidad y gradualidad", ya que según dice, se trata de un conjunto de medidas que no se dirigen solo a que la Generalitat de Cataluña revoque la declaración de independencia sino que "despojan prácticamente las instituciones de sus principales atribuciones".
Y entiende que las medidas del 155 tendrían que ser sólo las estrictamente congruentes con el "objeto específico" del requerimiento previo del Gobierno del presidente, Mariano Rajoy, que se dirigía sólo a que cesaran las actuaciones de la Generalitat relacionadas con el proceso de independencia.
A juicio de Puigdemont, el Gobierno estaría imponiéndolas sin una ponderada causa justificante e incurriendo en un "exceso notorio respecto el objeto de requerimiento previo con una clara falta de congruencia respecto del mismo y con manifiesta desproporción entre la finalidad perseguida y las alteraciones impuestas al sistema institucional de la Generalitat".
EL CONTROL DEL GOVERN BLOQUEARÁ LOS SERVICIOS PÚBLICOS
El documento asegura que el cese del presidente de la Generalitat, así como de los miembros del su gobierno, suponen una "injerencia" que va en contra de la Constitución Española y que no está prevista en el Estatuto de Autonomía y quiebra la relación de confianza entre los representantes electos de Cataluña y su Gobierno. Vulnera, según las autoridades catalanas, el derecho de Puigdemont y sus consejeros a permanecer en su cargo y a no ser cesado por causa que no estén en la legislación catalana.
Y carga contra la medida de controlar el Ejecutivo catalán, que considera "genérica" y contraria a la adopción de medidas e instrucciones concretas a determinadas autoridades. El control de las consejerías por parte de los ministerios del ramo en Madrid no tiene "cobijo" en el artículo 155 y apunta a que provocará una acumulación de trámites de "imposible gestión", que a su juicio lleva al "bloqueo" o "paralización de los servicios públicos".
Sobre la limitación de facultades del Parlament catalán, Puigdemont alega que el 155 supone "desnaturalizar" el carácter representativo de la Cámara y vulnerar el derecho de los parlamentarios.
Explica que la imposibilidad de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de proponer un candidato a presidente de la Generalitat o convocar un debate de investidura significa limitar las funciones de la presidenta y "desnaturaliza el carácter del sistema parlamentario", que es "una de las condiciones básicas del pacto constituyente hacia Cataluña".
INTERVENCIÓN DE TV3 ES "INSÓLITA"
Las autoridades catalanas critican la sustitución de Mossos d'Esquadra por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que va en contra del Estatuto de Autonomía y altera la cadena de mando del cuerpo policial autonómico, algo "manifiestamente contradictorio" con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional.
Sobre el control estatal de TV3 y otros medios públicos, lo consideran una medida "insólita" e "impropia" de un Estado que reconoce y garantiza la libertad de información. Y elabora una defensa de los medios públicos, asegurando que el servicio público de información de la Generalitat "es reconocido en Europa" por su "veracidad, objetividad y respeto al pluralismo social y cultural, tanto en sus programas informativos como en el conjunto de su programación".
Según reitera el texto, los medios públicos catalanes ya se someten a "rigurosos controles" por parte de una autoridad independiente como Consejo Audiovisual de Cataluña.
YA LO INTENTÓ FRAGA
Puigdemont se remite a los debates parlamentarios sobre el anteproyecto de la Constitución de 1978 para defender su posición y cita en concreto a Manuel Fraga, portavoz entonces de Alianza Popular, cuando defendió introducir expresamente en la Carta Magna la posibilidad de que el Gobierno interviniera una "región autónoma" y asumiera "todos los poderes".
"Los representantes de todos los grupos parlamentarios rechazaron la propuesta en sus intervenciones", se dice en el documento, que recoge a continuación la propuesta de quien había sido ministro de Franco.
Fraga defendió un voto particular para que la Constitución recogiese la intervención de una región en "casos graves". Apostaba por permitir "la suspensión de uno o más órganos de gobierno" y la designación "de un gobernador general con poderes extraordinarios", decidido por decreto que debería incluir "un plazo de la intervención" y "conectado con una convocatoria electoral".
Aquel voto particular fue rechazado por 284 votos en contra y 17 a favor, se precisa en el documento, que reproduce algunos argumentos de quienes se opusieron a Fraga. Entre ellos, al socialista Txiki Benegas, para quien en el fondo del voto particular de Alianza Popular se encontraba "la no aceptación" de que España está formada "por nacionalidades y regiones con derecho a su autogobierno".