Así lo ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha subrayado que esas condiciones especiales se deben entre otras cosas a las declaraciones de dirigentes catalanes anunciando el impago de las deudas contraídas con las farmacias.
El Gobierno ha hecho balance del dinero movilizado a favor de las administraciones territoriales para facilitar su financiación. En total, son 185.000 millones de euros desde 2012 los repartidos entre comunidades y entidades locales.
Las razones que han llevado al Ejecutivo a dar este paso son las declaraciones de dirigentes catalanes abriendo la puerta a no cumplir la ley y a no pagar las deudas contraídas, por ejemplo, con las farmacias. También, la bajada de calificación de la deuda catalana por las agencias y la ocultación de 1.300 millones de déficit de 2014 que se ha conocido ahora.
EXIGENCIAS NUEVAS
Montoro ha subrayado, a preguntas de los periodistas, que las cuentas de la Generalitat no están intervenidas con estas medidas, que son sólo controles adicionales que no se hubieran aprobado de ser otro el panorama político catalán. "No es admisible que nadie dedique un euro a una actividad que no tiene amparo legal ni constitucional", ha dicho.
A lo largo de la legislatura, entre el plan de pago a proveedores, el fondo de liquidez autonómica y los nuevos fondos de facilidad financiera, la Generalitat ha recibido del Estado 52.962 millones de euros, casi el 30 por ciento del total repartido entre todas las comunidades y entidades locales desde 2012, que son 185.000 millones de euros.
APOYO A LOS FUNCIONARIOS
El desembolso de los nuevos 3.034 millones que va a recibir la Generalitat será por tramos y "en función del cumplimiento" de las condiciones impuestas a Cataluña.
Por un lado, el interventor de la Generalitat deberá emitir un certificado mensual sobre la ejecución del Presupuesto autonómico (Generalitat y todos los organismos), para tener constancia de que los gastos que se van realizando "no contravienen el ordenamiento jurídico". El Estado va a prestar "el amparo necesario" a los funcionarios "para la ejecución de estas medidas", ha asegurado Montoro.
Fuentes del ministerio han explicado al respecto que a partir del lunes, los empleados públicos catalanes podrán consultar en Administraciones Públicas la legalidad de cualquier actuación que se les pida. Será confidencial, la consulta no dejará rastro.
El Ejecutivo exige además la conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de facturas, creado este año y en el que se registran las facturas emitidas por todos los proveedores de todas las administraciones públicas adheridas. De esta manera, se podrá seguir el recorrido de cada una de ellas hasta asegurarse realmente de que ha sido pagada con ese dinero facilitado a la Generalitat.
Además de estas condiciones, las operaciones de endeudamiento del gobierno catalán se aprobarán por parte del Ejecutivo de una en una.
Cristóbal Montoro ha insistido en que son medidas nuevas porque la situación política catalana también lo es, pero que en esta legislatura puede "garantizar" que "ni un euro" de todos los mecanismos de financiación han ido a parar a "veleidades independentistas" catalanas ni "ocurrencias" de otras CCAA.
"Ni un solo euro, que quede claro de una vez", ha respondido tajante a la pregunta de un periodista. "Somos capaces de explicar exactamente dónde ha ido cada euro", ha recalcado.