Carme Forcadell califica la DUI de "declarativa" y "simbólica"

Noticias Cuatro / Agencias 09/11/2017 17:34

Según fuentes presentes en la declaración que por presunta rebelión se desarrolla este jueves ante el Tribunal Supremo, la política catalana habría señalado expresamente que esta declaración no tenía valor jurídico tras ser preguntada por este extremo por los representantes de la Fiscalía que la imputan indiciariamente los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Por otra parte, Forcadell ha aportado durante su declaración diversos documentos que vendrían a confirmar que las cuentas del Parlament están siendo intervenidas por Hacienda, con el objetivo de contrarrestar la acusación de malversación de fondos públicos de los que le acusa también la Fiscalía.

Las mismas fuentes han destacado que los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal primero, y Javier Zaragoza y Jaime Moreno (que han sustituido a los anteriores al empezar la declaración de la cuarta investigada, Ana Simó), han incidido durante su interrogatorio sobre si las intenciones de los parlamentarios eran violentas, lo que ellos han negado. Han reconocido no obstante que sus llamamientos pacíficos pudieron terminar en incidentes en las calles aunque ésta no fuera su intención.

Por su parte, el fiscal Zaragoza ha preguntado a Simó si tenía intención de presentarse a las elecciones del próximo 21 de diciembre, un extremo que la exprimera secretaria de la Mesa del Parlament ha confirmado. Esta pregunta no ha sido realizada por los fiscales Cadena y Madrigal a los investigados que han declarado antes que Simó, que son la propia Forcadell y los actuales miembros de la Diputación Permanente Lluís María Corominas y Lluís Guidó.

CAMBIO DE ESTRATEGIA ANTE EL SUPREMO

La dinámica seguida hasta ahora por los parlamentarios ante el Supremo supone un cambio respecto a la estrategia seguida el pasado 2 de noviembre por los ocho exmiembros del Govern, quienes que se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público durante el interrogatorio al que les sometió la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien acordó contra ellos prisión incondicional.