La querella va dirigida contra los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica --anunciada este miércoles por la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de desobediencia y prevaricación--; y otra, contra el presidente de la Generalitat y el resto del Gobierno por los decretos de convocatoria y organización del referéndum.
Según dijo el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, estas acciones se hacen "en defensa de la legalidad y del derecho, ante la gravedad de la situación generada en la Comunidad de Cataluña, provocada por los responsables de la Generalitat que actuando en violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional".