La Fiscalía ha rebajado las penas que solicitaba para cuatro ertzainas juzgados por una presunta detención ilegal, al arrestar en septiembre de 2015 por "desobediencia grave" a un hombre que pasó once horas en comisaría.
Tras la celebración este miércoles de la vista oral, pide cinco meses de multa e inhabilitación de nueve años para los dos agentes que practicaron la detención, tres años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación para un instructor jefe, y tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación para el otro de los instructores encausados.
La sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha celebrado este miércoles el juicio contra los cuatro ertzainas para los que la fiscalía pedía inicialmente cinco años de cárcel y nueve de inhabilitación. Por su parte, la defensa mantiene su petición de absolución para sus representados.
Los hechos por los que se juzga a los cuatro agentes pasaron por el juzgado número 6 de Bilbao, que decidió deducir testimonio de las actuaciones y se generó un nuevo caso, esta vez por detención ilegal, al constar en el atestado que la causa de la detención fue por "desobediencia leve". Esta nueva causa recayó en el juzgado número 10, que la archivó, pero la Fiscalía recurrió el archivo ante la sección segunda de la Audiencia Provincial, que estimó su recurso, a pesar de que el propio detenido no se ha personarse como perjudicado.
Los hechos juzgados se produjeron la noche del 12 de septiembre de 2015. Un hombre llamó al 112 porque le habían expulsado de una discoteca de Bilbao, tras mantener una discusión con su exmujer, y quería que una patrulla se desplazase hasta ese lugar para que le devolvieran los diez euros de la entrada. Al ver que nadie acudía hasta la discoteca, el sujeto se dirigió hasta la subcomisaría de María Díaz de Haro, donde se encontró a dos agentes de Seguridad Ciudadana.
Según han declarado estos dos agentes, se encontraban realizando el control de los vehículos mal estacionados en el vado de la subcomisaría de María Díaz de Haro, en el marco del protocolo por la alerta yihadista nivel 4 decretada en ese momento, cuando un individuo se les acercó "alterado y ofuscado" explicándoles que le habían expulsado de una discoteca, y exigiéndoles que le acompañaran a reclamar los diez euros de la entrada o a comisaría a poner una denuncia.
Los ertzainas han relatado que pudieron saber, a través del centro de coordinación de la comisaría de Deusto, que esta persona había comunicado su situación en dos ocasiones, a través del 112, y que le habían aconsejado volver al lugar y esperar a una patrulla de la Policía Municipal, lo que ha sido confirmado por el agente de guardia en el centro de coordinación esa noche.
Los agentes han explicado que estuvieron "25 minutos" intentando hacerle entender que no podían "dejar la labor de seguridad preventiva" que llevaban a cabo, pero estaba "enfadado y ofuscado porque no se había salido con la suya", aunque "entendía perfectamente lo que le decíamos", a pesar de que presentaba síntomas de "ingesta de alcohol, pero muy poca".
Tras reconocer que no fueron insultados por parte del detenido, aunque sí mostró una actitud "de menosprecio y de no querer atender bajo ningún concepto" sus indicaciones y requerimientos, los agentes han negado que le empujaran y tiraran al suelo.
Los agentes le advirtieron "en más de 20 ocasiones" de que podía incurrir en un delito de "desobediencia" y ser detenido, lo que finalmente hicieron, debido a que "su insistencia" les impedía seguir realizando su función de control de los vehículos mal aparcados. Los dos agentes han remarcado que la detención se produjo por un delito de "desobediencia grave" y que "desde un principio se le informó de ello".
Por su parte, los dos instructores jefes, tanto el que estaba de guardia la noche de los hechos como el que le hizo el relevo por la mañana, han asegurado que no dudaron "en ningún momento" de que el atestado se abrió por "desobediencia a los agentes", a la vez que han reconocido que no leyeron ni la comparecencia de la detención ni el atestado en su totalidad, sino que únicamente llevaban "la supervisión informática" del estado de las diligencias, donde aparecía que el atestado se abrió por un delito de "desobediencia grave".
También han explicado que la prolongación de la detención se debió a que, "por protocolo y como medida garantista", se realiza la toma de declaración del detenido, que se negó a firmar la lectura de sus derechos, con la presencia de letrado, que no llegó hasta las diez de la mañana del día siguiente. El detenido no declaró en sede policial, fue puesto en libertad hacia las once de la mañana del 13 de septiembre y emplazado a juicio rápido a la una de la tarde de ese mismo día.
Por su parte, el detenido ha reconocido que se puso "muy pesado" con los agentes, que "no estaban haciendo nada", pero ha dicho que "solo pretendía que me ayudasen para que me devolvieran el dinero, porque yo no había hecho nada malo". También ha admitido de que le informaron de que su detención era por "desobediencia grave" y que se enteró de que en el atestado constaba "desobediencia leve" cuanto se lo dijo el juez. Finalmente, no se celebró el juicio rápido, al entender el juez que, con la calificación de "leve", no era procedente la detención.
La abogada del turno de oficio que atendió al detenido ha dicho que no tuvo acceso al atestado, pero el agente instructor le informó de que se trataba de un delito de "desobediencia grave", y ha recordado que, en aquella fecha, el delito de desobediencia leve "estaba despenalizado".
Por su parte, el agente que registró la comparecencia de los ertzainas que practicaron la detención ha reconocido que "lo podía haber hecho mejor", ya que "no poner el motivo de la detención por desobediencia grave pudo llevar a error".
Mientras, la agente que actuó como secretaria del atestado ha dicho que en todo momento se le trasladó que al detenido se le imputaba "un delito de desobediencia grave", pero que, al llevar cinco días en el equipo de atestados y por "desconocimiento de las herramientas informáticas", puso leve en el atestado, pero que "en absoluto se le dijo que fuera leve". "Fue un fallo mío, me lié. No era consciente de haber cometido un error y no valoré que esa tipificación fuera la correcta", ha dicho.
PETICIONES
Para rebajar sus peticiones, el Fiscal ha considerado como atenuantes que "la detención se practica para presentar al detenido inmediatamente a la autoridad" y que la previsión era "dar libertad al detenido antes de 72 horas".
Según ha argumentado, la detención se produjo "por unos hechos que no son constitutivos de delito a sabiendas de ello" y para privar de libertad "a una persona que les estaba molestando". Además, ha dicho, en la comisaría de Deusto "optan por mantener y prolongar injustificadamente esta privación de libertad más de diez horas a sabiendas de que no había causa justificada".
Asimismo, ha indicado que en el atestado "en ningún caso aparece la alusión a desobediencia grave" y, a su entender, los hechos protagonizados por el detenido "a lo sumo podrían haber constituido una infracción administración de incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana".
Por su parte, la defensa de los cuatro ertzainas mantiene su petición de absolución para sus representados, al considerar que no se da el "requisito de dolo" exigible en la detención ilegal, y que "todos los agentes" actuaron "en la creencia de que hacían lo correcto y mantuvieron todos los protocolos". Ha reconocido que el atestado "está mal hecho" y que hay errores "reconocidos, no imputables a los encausados". El juicio ha quedado este miércoles visto para sentencia.