El ministerio fiscal presentó el pasado martes la denuncia por prevaricación administrativa cometido por autoridad pública contra Echávarri y el edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez, por el despido de la trabajadora, interina en el departamento de Cultura.
Según han informado fuentes del ministerio público, la denuncia se produce porque además de la cuñada de Barcala había otros trabajadores en el Ayuntamiento "en situación similar" y no fueron despedidos. Además, se han tenido en cuenta informes recabados, y "especialmente", el facilitado por la Concejalía de Cultura.
En la documentación remitida, Fiscalía ha incluido la información publicada por los medios durante esos días, una copia del escrito que publicó el propio alcalde con respecto al caso en sus perfiles en redes sociales y las declaraciones tomadas. El decanato determinará qué juzgado debe hacerse cargo del caso.
No obstante la remisión al juzgado, de la que la propia Alcaldía ha informado en un comunicado, desde el departamento de Echávarri se asegura que la situación jurídico-procesal del alcalde "no varía" por este hecho y señala que el juzgado que por turno de reparto corresponda deberá proceder a admitir, en su caso, la denuncia.
Echávarri ha agradecido en ese comunicado al ministerio fiscal el "exhaustivo y detallado" estudio que considera que ha realizado sobre el asunto y cree que "sin duda favorecerá" la decisión que en su momento deba adoptar el juzgado.
PACTO DE GOBIERNO
Desde Alcaldía se ha incidido en que la nueva situación no afecta a la refundación del pacto de gobierno, firmada recientemente con Compromís, ya sostiene que era "previsible" el envío de esta denuncia al juzgado, al estar el ministerio fiscal "fundamentado por el principio acusatorio".
Finalmente, ha insistido en que "todos los técnicos" de Recursos Humanos que intervinieron en el expediente "reconocieron ante el fiscal la legalidad de la decisión tomada, así como la situación en claro fraude de ley de la trabajadora interina". En esta línea, añade que es "legalidad y procedencia" fue "ratificada por una letrada de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".