La Fiscalía sostiene que había una única unidad operativa y funcional en el barómetro encargado desde la Conselleria de Turismo pero los querellados "acudieron al fraccionamiento del contrato, expresamente prohibido por la legislación administrativa".
Con esto, según la Fiscalía el director de la ATB favoreció a Garau, con quien "mantenía una relación personal, profesional y de partido".
La querella que se dirige contra la ex consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu; el ex director general de Cultura, Jaume Gomila, el ex director del Institut d'Estudis Baleàrics, José Ramón Cerdà; el director de la Agencia de Turismo de Baleares, Pere Puñoz, y finalmente, contra el empresario Jaume Garau.
Respecto a Cultura, Anticorrupción apunta que tres contratos adjudicados desde la Conselleria tenían por objeto la misma prestación de servicios y constituían una unidad operativa y funcional, por lo que debían haber sido objeto de un solo contrato sin adjudicación directa. Sin embargo, Anticorrupción asegura que se fraccionaron para eludir la legalidad administrativa.