Entre estas medidas, la Fiscalía no excluye volver a pedir su encarcelación, una vez se amplíe la investigación por sedición que hay abierta contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, por el referéndum ilegal realizado el pasado 1 de octubre.
El Ministerio Público ha informado de esta decisión en una nota en la que apunta que lo que sí pedirá a la titular del Jugado Central de Instrucción número 4 es la notificación oficial del auto en el que se acuerdan las medidas cautelares que ya pesan contra Josep Lluis Trapero -comparecencias quincenales ante el juez, prohibición de salir de España y entrega del pasaporte- al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña "a los efectos legales que sean oportunos conforme a la legislación que regula su estatuto profesional".
La juez precisó en su auto contra Trapero la actuación del mando policial en los hechos de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona -con ocasión de los registros ordenados por otro magistrado en dependencias de la Generalitat para evitar el referéndum del 1-O "no aparece lo suficientemente perfilada" hasta el punto de vincularle directamente con los incidentes.
Añadía que los hechos ocurridos en las citadas fechas eran "lo único que está siendo objeto de investigación hasta el momento" y que éstos aún no habían sido "objeto de ampliación", circunstancia que la Fiscalía podría solventar concretando la implicación del mayor de los Mossos también en la jornada del referéndum ilegal.
Por el momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha limitado a anunciar que no va a recurrir el auto del lunes al haber valorado que, si bien no decreta la prisión provisional que interesó el pasado lunes tras su declaración "acuerda otras medidas cautelares manteniendo su imputación". Razona que ello es porque el auto se limita a evaluar la procedencia de las medidas cautelares en relación a exclusiva a los incidentes de septiembre.
No obstante, la Fiscalía explica mediante su comunicado público que "todas las medidas cautelares tienen un carácter provisional" y que de hecho el auto de Lamela "deja a salvo la posibilidad de una revisión de las mismas, al mencionar expresamente que ésta decisión se toma sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias". Por ello volverá a evaluar la procedencia de otras medidas una vez se amplíe el objeto del procedimiento y se incorporen nuevas diligencias.
HECHOS "MUY GRAVES" SEGÚN LA JUEZ
Ya en el auto del pasado lunes la jueza Lamela recordaba que lo que se atribuye al mando policial son hechos "muy graves" que revisten carácter de delito de sedición, penado con hasta diez años de prisión, y que existen elementos que le vinculan con la estrategia "de finalidad independentista" del Gobierno catalán.
En concreto, se refería a las conversaciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "en las que se vislumbra una actividad de contravigilancia para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía o la Guardia Civil".
La magistrada relata en su auto que durante todo el tiempo que duraron los registros y las detenciones de miembros del Govern que preparaban el referéndum ilegal, la Guardia Civil pidió "de forma reiterada" la intervención de los Mossos a través de la intendente Teresa Laplana, a quien también dejó en libertad con las mismas medidas cautelares tras su declaración judicial.