El próximo 6 de febrero Iñaki Urdangarin tendrá que rendir cuentas sobre los hechos que guarden relación con "cualquier forma negocial" en virtud de la cual haya sido "perceptor de fondos públicos" durante su gestión del Instituto Nóos. La Fiscalía sospecha que el Duque de Palma podría haber incurrido en delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
Así consta en el auto dictado por el juez en el que imputa al marido de la infanta Cristina, a su socio, Diego Torres; y a otras siete personas en la causa en la que investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidía Urdangarin, y otras sociedades mercantiles vinculadas al yerno del Rey.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
En la resolución el juez Castro señala que el Duque de Palma debe dar cuenta de las actividades que haya llevado a cabo como persona física o en su condición de "representante, partícipe o vinculado, de hecho o derecho, a personas jurídicas", así como la relación de personas que "han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos".
Apoderamiento de fondos
Las pesquisas parten de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarin y su socio desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos. Para ello, fijaron precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".
En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3 millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.
Fines lucrativos
En un auto, el juez Castro sostenía que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el 'caso Palma Arena'.
La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. Según la acusación pública, la "única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".
De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía "fines lucrativos" y "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".
En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. La resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el "control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".