Las defensas del extesorero de CDC Daniel Osàcar y del exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura han alegado, en la primera sesión del juicio por el expolio del Palau de la Música, que ha prescrito el delito de tráfico de influencias del que están acusados.
En el trámite de la cuestiones previas, el abogado de Buenaventura, Cristóbal Martell, ha defendido la prescripción de los delitos por los que está acusado --tráfico de influencias y administración desleal--, recordando que el último pago de patrocinio de Ferrovial al Palau con él de directivo fue el 7 de febrero de 2006.
También ha pedido anular toda la documentación que se extrajo del ordenador de la entonces secretaria de Millet, Elisabeth Barberá, al considerar que es una prueba alterada al no haberse garantizado la cadena de custodia.
Ha cuestionado así la cadena de custodia del archivo de memoria que contenía la documentación incautada en el ordenador, donde había mucha documentación vinculada con Ferrovial --entre otros temas--, y pide que esta prueba no se use en el juicio.
Alega que los archivos informáticos del registro del Palau se obtuvieron "sin cobertura judicial en el auto de entrada y registro", que no permitía volcar, clonar ni copiar la información.
Considerado que, una vez volcada, hubo total desgobierno en la cadena de custodia de estos soportes con vocación probatoria, que tuvieron una "atribulada y atormentada vida", y ha constatado que parte de estos documentos resultaron dañados y después recuperados.