El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha paralizado el proceso para seleccionar a los jefes de misión para 44 embajadas que deberán cambiar de titular en 2018, después de que el Tribunal Supremo haya anulado el Reglamento de la Carrera Diplomática de 2014 en el que se basaba la convocatoria.
El Ministerio también ha tenido que anular la llamada 'convocatoria especial', el proceso para elegir a los titulares de una decena de puestos --no embajadores-- que han quedado libres en embajadas. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Oficina de Información Diplomática, después de que lo haya avanzado el portal 'The Diplomat in Spain'.
Las fuentes han explicado que la anulación del Reglamento no afecta a los actos que se han adoptado en virtud de él y que ya son firmes, pero sí a los procesos iniciados y no resueltos. En el caso de los titulares de Embajadas, los interesados ya tenían que haber presentado sus solicitudes, puesto que el plazo terminaba el 30 de octubre.
Con todo, destacan que no hay ningún vacío jurídico, puesto que vuelven a estar en vigor las normas que el Reglamento derogó, y en particular el real decreto 674/1993 sobre Provision de Puestos de Trabajo en el Extranjero y ascensos de los Funcionarios de la Carrera diplomática, modificado por última vez en el año 2000.
Así, los nombramientos de 2018 se aprobarán por Consejo de Ministros --como es preceptivo en el caso de los embajadores-- sin tener en cuenta los requisitos que introducía el reglamento de 2014. Este reglamento incluía novedades como la obligación general de tener 20 años de antigüedad en la carrera para ser nombrado embajador y la obligatoriedad de cursos, impartidos por la Escuela Diplomática, para acceder a determinadas categorías.
Además, clasificaba las embajadas en tres categorías, atendiendo a su importancia política, y establecía requisitos diferenciados para poder acceder a unas u otras.
El reglamento fue anulado por el Tribunal Supremo a raíz de un recurso del Sindicato Independiente del Servicio Exterior (SISEX), ya que el alto tribunal aceptó su reclamación de que la norma no había sido sometida a negociación colectiva.