"El 30 de octubre --de 2014-- los transportistas vinieron para llevar el material para el proceso participativo", ha sostenido a preguntas del fiscal, con lo cual este trabajo de esta empresa pública dependiente de la Conselleria de Justicia se pudo haber hecho antes de que el 4 de noviembre el TC suspendiera la consulta del día 9 del mismo mes.
La tesis de la Fiscalía es que, pese a la suspensión, el Govern continuó al frente de la organización del 9N, mientras que el expresidente Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau sostienen que lo dejaron todo en manos de los voluntarios.
Elisabet Abad ha explicado en juicio que esta entrega era fruto de un encargo de la Conselleria de Gobernación del 17 de octubre, y que la petición incluía lista de participantes, precintos y bolígrafos, pero no papeletas, urnas ni cabinas.
Las papeletas, urnas y cabinas ya se habían fabricado tras dos convenios anteriores con la Conselleria de Gobernación --del 23 y del 27 de septiembre-- para la consulta popular que suspendió el TC y que el Govern paralizó, a diferencia del proceso participativo que se acabó haciendo.
Abad ha asegurado que no recuerda el importe de la factura de este encargo, que el escrito de acusación del fiscal cifra en 50.317 euros, y se fabricó en el centro instalado en el Centro Penitenciario de Ponent, en Lleida.