Un grupo de exdiputados del PP lleva al Congreso Nacional del partido la defensa de la vida "desde su concepción"

EUROPA PRESS 10/01/2017 18:26

La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, va dirigida a modificar el artículo 2 de la Ponencia Política y de Estatutos que ha coordinado el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo.

Ese artículo señala a la persona como "eje de la acción política, social e institucional" del PP y defiende el derecho a la vida, a la dignidad, al pleno ejercicio de derechos y libertades en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

Este grupo de compromisarios quiere que se incluya una precisión para incluir en los Estatutos que el derecho a la vida de las personas alcanza "desde su concepción hasta su muerte natural".

En su argumentación, recuerdan que el artículo 145 de la Ponencia Social defiende el respeto a todos los seres vivos como una obligación moral. "No tendría sentido alguno pedir respeto a los animales mientras no se garantiza el derecho a la vida humana desde el momento de su concepción y hasta la muerte natural", exponen los enmendantes, entre quienes se encuentra el exdiputado Javier Puente.

EL HUMANISMO CRISTIANO, EN EL ARTICULADO

Este mismo grupo de compromisarios defenderá también la inclusión del humanismo cristiano en el articulado de los Estatutos, una referencia que aparece en el preámbulo de la Ponencia Política y de Estatutos, donde se dice que el PP tiene una "perspectiva humanista cristiana" por la que la sitúa a la persona como centro, inicio y fin de su acción política.

Mencionado así, "carece de valor normativo", exponen estos militantes, que plantean otra enmienda al artículo 2 para que incluya la siguiente redacción: "Queremos tomar como referencia los principios y valores de nuestra tradición humanista cristiana, que ha configurado los cimientos de nuestra civilización occidental, que tanto ha dado a la humanidad".

La apelación a la tradición del humanismo cristiano fue enmendada en el Congreso Nacional del PP de 2012 por la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y entonces delegada del Gobierno en esa región, para quien una convicción religiosa no podía estar en la base de una formación política. La enmienda fue sin embargo rechazada.