En su sentencia, el Tribunal Constitucional de Andorra ha decretado arresto domiciliario con control monitorizado y ha anulado la prórroga que lo mantenía recluido desde el 24 de octubre alegando "un abuso de la prisión preventiva sin motivo constitucional suficiente y proporcional a su excepcionalidad", según ha informado Andorra Difusió.
Hasta ahora se había negado la libertad provisional a Miquel, que estaba encarcelado desde marzo de 2015 en el marco de la intervención gubernamental de BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales, por riesgo de fuga, alarma social y destrucción de pruebas.