El Gobierno quiere que el acoso a los políticos, la quema de contenedores o el asedio a las instituciones no se quede solo en un falta administrativa. Quiere sanciones más duras y para ello va a reformar con urgencia el Código Penal para incluir multas a los autores de estos hechos. Para la oposición se trata de un recorte de libertades lamentable.