El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha pedido este miércoles respeto a la presunción de inocencia de las personas investigadas judicialmente que ocupan cargos públicos, y ha destacado que la Memoria 2016 de la Comisión Ética Pública del Gobierno indica que, hasta la fecha, todas las instrucciones judiciales cerradas, en las que había hasta siete cargos públicos del Gobierno investigados, han sido archivadas por los propios tribunales.
Erkoreka ha inaugurado este miércoles en Vitoria la quinta jornada de trabajo en materia de ética pública, organizada por el IVAP para formar a los cargos públicos del Gobierno Vasco adheridos al 'Código Ético y de Conducta' y que ha servido para presentar la 'Memoria de 2016 de la Comisión de Ética Pública del Gobierno'.
Durante su intervención, Erkoreka ha apelado a la necesidad de respetar el derecho de las personas que son investigadas judicialmente a la presunción de inocencia.
En este sentido, ha destacado que "todas las instrucciones judiciales cerradas, en las que había hasta siete cargos públicos del Gobierno investigados, han sido archivadas por los propios tribunales y ninguna ha llegado a la fase de apertura de juicio oral".
Además, ha recordado que la Comisión Ética Pública señala que "el cumplimiento del principio de ejemplaridad no impide a las personas que ocupan cargos públicos continuar en el desempeño de sus funciones hasta el momento en el que, en su caso, se acuerde la apertura de juicio oral".
De lo contrario, cree que se podría incurrir en una "excesiva precipitación en la exigencia de medidas preventivas, sobre todo en los procesos judiciales iniciados a impulso de la confrontación político-partidista o en el marco de la lucha sindical" que podría acarrear "perjuicios irreparables a la imagen pública de las personas afectadas".
En 2016, la Comisión Ética Pública trató en total ocho asuntos, siendo el año en el que menos actividad ha registrado desde su constitución, "probablemente, consecuencia de la cita electoral del pasado 25 de septiembre", ha explicado el consejero.
En seis de los 8 casos, resolvió que no contravenían el 'Código Ético y de Conducta'; en uno de ellos el carácter genérico e impreciso de las acusaciones, junto al carácter anónimo de la denuncia, impidió formular recomendación concreta alguna; y en otro resolvió que se había dado un cumplimiento "insuficiente" del código.
En la memoria de 2016, se hace un balance "muy positivo" de la implantación del 'Código Ético y de Conducta' firmado por 364 personas con cargos de responsabilidad directiva en la Administración Pública Vasca.
Las personas que integran la comisión constatan que la introducción de las modificaciones llevadas a cabo este año, "refuerzan el compromiso del Gobierno Vasco con los valores de la buena gobernanza y con la recuperación de la confianza de la ciudadanía vasca en sus propias instituciones".
Además, Erkoreka ha recordado que este código ha creado una base doctrinal que "permite orientar la actuación de los responsables públicos atendiendo a unos criterios exigentes".
LAS JORNADAS
Estas jornadas, organizadas por el Instituto Vasco de Administración Pública, IVAP, buscan difundir e implementar los valores, principios y comportamientos recogidos en dicho documento, y permiten avanzar al Gobierno Vasco en su compromiso por promover programas de difusión y formación que mejoren la administración en materia de ética pública.
La jornada ha contado con la participación de Concepción Campos Acuña, doctora en Derecho y Secretaria de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Vigo.
En su ponencia titulada 'Ética pública ante los retos del Gobierno Abierto', ha abordado los principales retos a los que se enfrenta la ética pública en relación con los ejes del gobierno abierto, a través de la transparencia, la colaboración y la rendición de cuentas.
Para ello se han analizado los postulados éticos en clave de revisión desde los cambios producidos por el impacto de las nuevas tecnologías, y la implantación de la administración electrónica en la gestión pública y en las políticas de integridad institucional y buen gobierno.