El Gobierno anunció en noviembre de 2015 la adquisición de cuatro drones procedentes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por un valor de algo más de 158 millones de euros. Según recuerda en una pregunta parlamentaria el portavoz de ERC, Joan Tardá, entonces se anunció que el próximo mes de julio se recibirían los dos primeros ejemplares.
Aunque el Gobierno afirmó que estos drones no estarían armados, Tardá explica que pueden dotarse de sistemas de combate "con relativa facilidad", por lo que quiere saber "qué medidas de salvaguardia ha adoptado o está adoptando el Gobierno para garantizar que no se utilicen para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos".
Según relata, los drones fueron desplegados por Estados Unidos en Afganistán en el año 2001 para llevar a cabo los denominados "asesinatos selectivos". "En la práctica, los drones armados se han utilizado con frecuencia para llevar a cabo homicidios ilegítimos con una mínima supervisión y rendición de cuentas", denuncia.
El portavoz de ERC recuerda además la preocupación que han mostrado este uso diversos organismos de Naciones Unidas y otras organizaciones de la sociedad civil, sobre todo por "la falta de transparencia en las operaciones de asesinatos colectivos". "También hay una falta de directrices claramente articuladas que rigen su uso", avisa en su pregunta parlamentaria.