El PSC ha suspendido a Daniel Fernández de su cargo como secretario de organización del partido después de que haya sido imputado en la Operación anticorrupción focalizada en Sabadell que la policía autonómica desarrolla bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y coordinados por la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes del partido han confirmado que, tal y como había avanzado en rueda de prensa, Fernández ha puesto sus cargos a disposición del partido una vez los Mossos le han notificado su imputación por un presunto delito de tráfico de influencias.
Después de saber su imputación, el secretario de Organización socialista -que todavía es diputado en el Congreso y por lo tanto tiene condición de aforado-- se ha reunido en la sede del PSC en la calle Nicaragua de Barcelona más de una hora con el primer secretario de los socialistas, Pere Navarro, y representantes de la cúpula del partido.
Imputado por una conversación
El secretario de Organización del PSC está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias a raíz de una conversación telefónica que mantuvo con la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria Elena Pérez, quien también ha sido imputada, según han informado fuentes del PSC.
La imputación que ha remitido el juez no hace referencia a presuntos delitos urbanísticos de la 'Operación Mercurio', aunque este eventual tráfico de influencias se haya destapado en el marco de la investigación, según las citadas fuentes.
Doce detenidos
Dentro de la operación, han sido detenidas 12 personas y 26 han sido imputadas, incluido el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y la teniente de alcalde Montserrat Capdevila y varios empresarios.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama se centraba en la exigencia de constituir, como 'condición sine qua non' para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, un depósito previo mínimo de 12.000 euros --cantidad que podría variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar--.
Ese depósito inicial era destinado a un fondo perdido que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como el "pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro" --una vez acabada la obra-- sobre el total del presupuesto final, terminando ese dinero en un despacho de abogados.