El asesor de la Casa Real y Conde de Fontao, Manuel Romero, pidió en una reunión mantenida en junio de 2006 con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio, Diego Torres, que el nombre del yerno del Rey no figurase en los órganos de gobierno de ninguna fundación, con lo que se mostró disconforme el propio Duque aunque finalmente lo acató, según fuentes judiciales.
Así lo ha dicho como testigo el abogado y experto en fundaciones Raimon Bergos --que está imputado por el caso del expolio del Palacio de la Música--, este viernes dentro de la ronda de declaraciones que el juez instructor del caso 'Palma Arena', José Castro, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach han tomado durante tres días en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
En febrero de 2006, Bergós se reunió ya con Torres y Urdangarin para tratar de crear la fundación Arete dedicada a la integración social a través del deporte, aunque fue en otro encuentro mantenido el 12 de junio cuando Romero pidió que el Duque no formara parte de ella después de que en marzo el Rey ordenase que dejase sus actividades privadas, según se desprende de la declaración del abogado en sede policial que ha confirmado ahora al juez.
El lugar de Urdangarin lo ocupó en la fundación el propio Romero, que poco después decretaría su disolución y la cesión de sus activos a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social constituida en diciembre de 2006 bajo las directrices de Torres, aunque también fue iniciativa de Urdangarin, según Bergós.
Según fuentes judiciales, Bergós también ha confirmado que la mitad de sus honorarios por las gestiones para la creación de las fundaciones cobrados entre 2006 y 2009 fueron emitidos por la empresa Aizoon de la que el Duque era copropietario junto a su esposa, la Infanta Cristina, y el resto por la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, y el Instituto Nóos.
Contratos de trabajadores
En declaraciones a los medios en una pausa de los interrogatorios, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, a preguntas de los periodistas ha asegurado que los contratos a los empleados de la vivienda del Duque "administrativamente eran correctos", aunque no ha aclarado si fiscalmemente también lo eran.
Estos trabajadores de la casa de Urdangarin, que también declararon estos días ante Castro, estaban contratados a través de la empresa Aizoon de la que el Duque era copropietario junto a su esposa, la Infanta Cristina.
Con la declaración ante el juez de Bergós han concluido la ronda de declaraciones que Castro, Horrach y las partes han llevado a cabo durante tres días en Barcelona escuchando a más de sesenta testigos y al empresario catalán Joaquim Boixareu, imputado en el caso.