La asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha presentado en el Congreso de los Diputados una petición de proposición de ley de políticas públicas de memoria de las víctimas de ETA con la que, entre otros aspectos, piden que se reconozca en calidad de 'desplazados internos' a los cerca de 200.000 vascos que tuvieron que abandonar Euskadi por la presión ejercida por la banda terrorista.
La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue presentada el pasado 31 de octubre en el Congreso de los Diputados, un día después de que Mariano Rajoy fuera elegido presidente del Gobierno, y desarrolla en 18 artículos un decálogo para reconocer y ampliar los derechos de las víctimas de ETA.
En concreto pide que se reconozca como desplazados internos a los que han tenido que abandonar Euskadi debido a la violencia de la banda terrorista, y que según el Instituto Vasco de Criminología, oscilaría entre 60.000 y 200.000 personas, lo que convertiría a España en uno de los países con más desplazados internos de la Unión Europea (UE).
El borrador, elaborado por el abogado Miguel Rodríguez, ha sido acogido por diferentes grupos parlamentarios de la cámara baja que son los que tiene la potestad de presentarlo como proposición de ley en la Mesa del Congreso.
Entre las novedades que incluye destaca la de que los ayuntamientos quedarían obligados a rebautizar las calles con el nombre de las personas que fueron asesinadas en ellas a manos de ETA "como forma de reconocimiento y permanente homenaje para preservarlo del olvido", según reza la iniciativa que se ampara en un informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 8 de Febrero de 2005.
La asociación que dirige Daniel Portero va a más allá y añade que se deberá colocar una placa explicativa en su memoria en el propio lugar del asesinato, donde deberá contenerse de forma clara y perfectamente legible para los transeúntes el nombre completo y edad de la víctima, su condición de "asesinado", así como la expresa mención de la organización terrorista ETA y la izquierda abertzale violenta como victimario.
CONSEJO ESTATAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
La petición de proposición incluye la creación de un Consejo Estatal de las Políticas Públicas de Memoria de las Víctimas de ETA que eleve propuestas al Ejecutivo el cual, en colaboración con comunidades autónomas y entidades locales, redacte un "catálogo de lugares de la memoria", como una de las formas de reparación hacia las víctimas.
El objetivo de la propuesta de Dignidad y Justicia es que ese consejo se convierta en punto de encuentro entre asociaciones y administraciones con el fin de vertebrar las política de memoria.
Fuentes cercanas a la asociación explican que llevan cerca de un año trabajando en la redacción de esta propuesta con la que buscan articular una política pública basada en la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica aprobada durante el primer mandato de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Frente a esa "memoria negativa" proponen "deberes positivos de memoria", que incluyen además la obligación de conservar todos los fondos documentales y derecho de acceso a los archivos públicos y privados relacionados con las víctimas. Se trata de sentar las bases de acuerdo con el derecho a la reparación que es "imprescriptible" y que pasa porque éstas conozcan la verdad.
Al respecto, y según las mismas fuentes, quedan 379 casos sin resolver; es decir, casi uno de cada dos casos de ETA. Para ellos se propone una indemnización acorde a las circunstancias personales, y que resarza el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades (como las de empleo), los daños materiales, los perjuicios morales y los gastos de asistencia jurídica o de expertos.