Según ha informado la Policía Nacional, las autoridades mexicanas consideran que el arrestado participó, junto al ex gobernador, en diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaborando contratos a empresas fantasmas y usando testaferros. El objetivo era transferir supuestamente elevadas cantidades de dinero público mexicano destinado a educación y salud entre los años 2012 y 2015, para utilizarlos en la adquisición de inmuebles tanto en México como en el extranjero.
En virtud del tratado de extradición entre España y México, las autoridades mexicanas disponen de 45 días para solicitar formalmente su extradición, según ha informado en un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR).
El Gobierno mexicano ha agradecido a las autoridades españolas su apoyo en la detención de Nava Soria. A mediados de octubre, la Fiscalía de México emitió una orden de detención contra Duarte, investigado por tres delitos, entre ellos los de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
Desde entonces, las autoridades no habían dado aún con el paradero del exgobernador. La Fiscalía solicitó asistencia jurídica a los Gobiernos de Estados Unidos, España y Costa Rica para obtener información de los inmuebles de que dispone, así como de sus cuentas bancarias y empresas en el exterior.
A través de las Oficinas Nacionales de Interpol España e Interpol México, y la colaboración de la Procuraduría General de la República mexicana, el fugitivo fue ubicado en España. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR de México se desplazaron a España para participar durante varias semanas en las labores de investigación junto con policías españoles del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales.