La abogada Eva Labarta ha utilizado su alegato final para realizar una defensa muy poco técnica respecto de los delitos de prevaricación y desobediencia por los que el fiscal solicita para su defendido 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en la que se ha centrado en el carácter poco concreto de la providencia por la que el tribunal de garantías acordó el 4 de noviembre de 2014 la suspensión del denominado "proceso participativo".
A lo largo de su intervención, que ha durado más de hora y media, la abogada ha calificado de "política" la querella presentada por la Fiscalía tras la oposición de los fiscales catalanes a la interposición de la misma y ha incidido en que en caso de producirse una condena se estará entrando "en un camino que sienta precedentes muy delicados", en alusión a la judicialización de la vida política.
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