El decreto sobre pensiones, que contempla además la modificación de la ley reguladora del Fondo de Reserva de las pensiones para disponer de más recursos para pagar las pensiones, ha sido muy criticada desde todos los Grupos Parlamentarios y desde los sindicatos.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Fátima Báñez ha afirmado que tanto la no revalorización de las pensiones según la inflación de noviembre como las modificaciones de disposición del Fondo de Reserva son "decisiones sensatas que no responden a otro cálculo que el de la realidad y que no se pueden ni evitar ni aplazar".
"Podemos pensar sólo en las necesidades de hoy, pero debemos pensar en las de hoy y en las de mañana y anticiparnos a ellas con responsabilidad", ha dicho Báñez, reclamando "responsabilidad" a la oposición porque "la prioridad es sacar a España de la crisis". Además, ha mandado un mensaje de "tranquilidad responsable" a los pensionistas porque sus nóminas "están garantizadas ahora y en el futuro".
"Tomamos estas medidas con el convencimiento de que estas reformas son los empleos y las garantías de nuestras pensiones de mañana. Estas medidas son el camino correcto para salir de la crisis fortalecidos. Les aseguro que en la revalorización de las pensiones hubiéramos querido llegar más lejos, pero hemos llegado tan lejos como nos ha sido posible. Son decisiones difíciles pero ponderadas y destinadas hasta el último día a hacer frente a nuestros compromisos del pago puntual de las pensiones y al cumplimiento de los objetivo de déficit como país", ha apostillado.
Por su parte, la portavoz socialista de Seguridad Social en el Congreso, Isabel López i Chamosa, ha exigido al Gobierno que retire el decreto ley y ha confirmado que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) por su carácter retroactivo. La diputada socialista ha acusado al Ejecutivo de "hurtar a los pensionistas un derecho ya adquirido" que "tendrá que ser repuesto". "Sabemos que nos tocará pagarlo a nosotros, pero lo haremos con gusto cuando volvamos al Gobierno", ha añadido.
"Estamos absolutamente en contra de este decreto y les pedimos que lo retiren, que actualicen las pensiones como corresponde y, luego, que se sienten con los agentes sociales y con el arco parlamentario y negociemos lo que sea necesario para salvaguardar el futuro de nuestras pensiones. Así no, señora ministra, engañando, no. La revalorización es un derecho y hay que dárselo a los pensionistas", ha apostillado.
Los partidos de la oposición al completo, minoritarios en el Parlamento, han argumentado que el debate no versa sobre cuánto suben las nóminas de los pensionistas, sino sobre el incumplimiento de la Ley de la Seguridad Social.
Así, el portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha criticado el "estilo autoritario" del Gobierno, que con esta medida "perpetra una estafa, un nuevo engaño" a los pensionistas, además de burlar al Congreso, después de que el Grupo Popular votara con el resto de la Cámara una moción a favor de la revalorización, apenas un mes antes de decretar lo contrario.
"El PP hace trampas, como siempre. Lo que se plantea no es que sea injusto o no, que es una valoración moral, ética y social; sino que están aplicando una ley de manera retroactiva, de manera contraria a la Constitución. Por supuesto que la ley se puede modificar, pero no con carácter retroactivo, No lo quieren entender porque quieren confundir a la ciudadanía", ha afirmado.
Además, ha acusado al Ejecutivo de "manipular" el IPC "en consorcio con las petroleras" para tratar de reducir lo máximo posible la inflación de noviembre a través de los precios de los combustibles. "Ya no sólo mienten, son ustedes unos truhanes", ha dicho, punto en el que la 'popular' Celia Villalobos, que ocupaba en ese momento la Presidencia de la Cámara, le ha llamado al orden por considerar ese adjetivo "malsonante".
Por su parte, la portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, ha justificado el rechazo de su grupo a la convalidación y su apoyo al recurso de inconstitucionalidad en que la medida, "además de injusta, vulnera la Constitución", y se ha preguntado "por qué el PP no recurrió" ante el TC la congelación de las pensiones decidida por el Ejecutivo socialista en 2011, a la que la formación magenta se habría sumado.
"El problema no son tanto las medidas como las mentiras", ha dicho Díez.
Carles Campuzano, de CiU, ha criticado tanto la forma de aprobación del decreto, sin pasar por el Pacto de Toledo como es preceptivo, como por el fondo, que supone "empobrecer" a los pensionistas "cada día mas y encima en un momento en que muchas familias sobreviven por las pensiones de los abuelos".
Su homólogo del PNV, Emilio Olabarria, ha calificado de "reiteradas mentiras" las afirmaciones del Gobierno para "lo que al final ha sido un incumplimiento legal y constitucional".
Entre las formaciones del Grupo Mixto el rechazo ha sido generalizado. El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha calificado el recurso de "imprescindible" para "visualizar ante la ciudadanía el hachazo que significa llevar a cabo este decreto". Olaia Fernández Davila, del BNG, ha insistido en que este decreto "se carga el derecho de los pensionistas a mantener su poder adquisitivo y las cautelas para el uso adecuado del Fondo de Reserva".
Joan Baldoví, de Compromís, ha coincidido en que esta medida "asfixia a la gente un poco más" y que con este decreto "se superan a sí mismos y vuelven a mentir un poco más"; mientras que Pedro Quevedo, de CC-NC, ha calificado el decreto como "el incumplimiento de los incumplimientos".
Por parte de Amaiur, Sabino Cuadra, también ha dicho que estos "recortes" estaban "decididos desde hace tiempo" pero el Gobierno "ha esperado a que pasaran las elecciones" para anunciarlo. Amaiur es el único grupo que no firmará el recurso del PSOE en el TC porque los socialistas han decidido vetarles a última hora.
Enrique Álvarez Sostres (Foro Asturias) ha coincidido en que "el Gobierno ha cruzado la última línea roja que le quedaba en su espectacular récord de incumplimientos electorales", responsabilizando directamente al presidente Rajoy de haber "perdido el tiempo en trucos de imagen" por motivos electorales.
El diputado de UPN, Carlos Salvador, ha anunciado su abstención porque aunque las pensiones "deberían ser la última partida que tocar", no se puede sortear "este descenso vertiginoso a los infiernos sin medidas difíciles", lamentando finalmente la "incapacidad institucionalizada" de llegar a acuerdos.
Pese a las peticiones de la oposición, la ministra Báñez ha renunciado a hacer uso de su último turno de réplica para contestar a los grupos minoritarios.