Javier Zumalacarregui, entonces subdirección General de Ocaso, será el primero de los 30 acusados en declarar ante la Sección Segunda de la Audiencia de Madrid, encargada de enjuiciar los hechos. Tras él, comparecerán Ramón Boticario y otros dos procesados en esta parte de la investigación.
Se les investigó por presuntamente usar documentos falsos para realizar el cambio de uso del inmueble con la finalidad de que solo albergara licencias. El proyecto se encargó a una de las empresas de la red, la sociedad AC93, según las pesquisas judiciales.
Otro de los acusados en la trama es uno de los propietarios de esta empresa, Santiago Castillo. Este empresario, que cumplió prisión provisional, actuaba presuntamente como uno de los tantos intermediarios entre los funcionarios y los propietarios de los locales para los pagos que se debían realizar para adelantar los expedientes.