En su iniciativa, el partido naranja plantea que el Congreso manifieste su respaldo al Ejecutivo, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públicas, en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña y, en particular, "en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum".
APOYO A LOS FUNCIONARIOS
Asimismo, busca que la Cámara Baja traslade su apoyo a "todos los funcionarios del Estado", que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, la de los ciudadanos de Cataluña.
La proposición no de ley también insta al Gobierno a que "impida la utilización de recursos públicos" en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y ejecución del referéndum de secesión.
Por último, el texto incluye un reconocimiento "a los ciudadanos de Cataluña que, al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de Derecho, como valor imprescindible para garantizar la convivencia".