Tras conocerse la 'operación Lezo', que investiga una supuesta trama corrupta en el Canal con el supuesto desvío de capitales a algunos de sus directivos, así como una presunta financiación ilegal del PP de Madrid, Cs ha registrado este martes esta PROPL que sostiene que "carece de sentido mantener actualmente abierta la posibilidad de entrada de capital privado en el Canal" después de que ya se hayan sido superados "con éxito" los "nuevos retos de futuro" a los que recurrió la Comunidad de Madrid en 2008 para aprobar la capitalización de CYII.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido avanzado por la Cadena Ser y El País, Ciudadanos modifica la Ley de Acompañamiento de 2008, de manera que establece que "la titularidad de las acciones que constituyen el capital social de la sociedad únicamente podrá corresponder a la Comunidad de Madrid y a ayuntamientos comprendidos en su ámbito territorial".
Fija que la participación de la Comunidad "no podrá ser inferior, en ningún caso, al 51 por 100 del capital social" y que la participación de los consistorios se determinará "ponderando criterios de proporcionalidad y equidad, de acuerdo con lo previsto en el Contrato-Programa y en los convenios y encomiendas de gestión".
Además, sostiene que los ayuntamientos que manteniendo en vigor algún convenio por el que encomienden al Canal de Isabel II el servicio de distribución no hayan suscrito con anterioridad a la autorización del proceso de capitalización el correspondiente convenio de incorporación al nuevo modelo de gestión percibirán temporalmente una cantidad anual por habitante que se fijará por el Consejo de Gobierno hasta que se proceda a la resolución y liquidación del convenio.
A tal efecto, "el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II podrán desistir libremente de cualquiera de tales convenios procediéndose a su liquidación que implicará, en su caso, la entrega de la red y el traspaso de la gestión a favor del Ayuntamiento y el pago de las cantidades respectivamente adeudadas, incluidas las inversiones pendientes de amortización".
Ciudadanos también quiere que se exija previa autorización del Consejo de Gobierno, de la que se dará cuenta a la Asamblea de Madrid, para que Canal pueda crear o disolver sociedades de capital con limitación de responsabilidad o realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de dichas sociedades.
Por último, se establece la sujeción del Canal a la Ley de Transparencia, acceso a información pública y buen gobierno y se dan seis meses al Canal para tomar las medidas necesarias para su desarrollo y aplicación.
TRES INICIATIVAS PARA CONTROLAR EL CANAL
Esta norma se suma a la presentada por PSOE y Podemos, que va más allá, ya que apuesta por la disolución de la empresa Canal de Isabel II Gestión, así como por derogar las leyes autonómicas aprobadas bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, que permiten su privatización.
Con su norma, PSOE y Podemos quieren establecer "un modelo de gestión pública, transparente, democrático y participativo del ciclo integral del agua en la Comunidad" y cerrar la puerta a la posibilidad de privatizar la empresa de aguas.
Esto se recoge principalmente en la disposición derogatoria única de la ley, que contempla la supresión del artículo 16 de la ley de Medidas Fiscales de 2008 y del artículo 5 de la Ley de Acompañamiento 2011, relativos a la capitalización del Canal.
La PROPL propone otra composición del Consejo de Administración del Canal y se refiere también a la elección de su presidente, que será también presidente del Canal de Isabel II. Por último, crea la figura e un Observatorio integrado por diferentes agentes sociales.
A pesar de que ambas propuestas abogan por limitar la acción del Canal, la de PSOE y Podemos no tiene visos de prosperar, ya que Ciudadanos no tiene intención de apoyarla. La formación naranja se opone a esta ley porque "supondría un quebranto económico", han señalado fuentes de Ciudadanos.