El Parlamento valenciano reclama un modelo nuevo "con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, que posibilite a los valencianos tener unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer sus competencias propias". Una reforma "para que nunca más exista ciudadanía discriminada solo por el hecho de pertenecer a un territorio".
Además, pide "el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación y el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores".
Por otra parte, exige también "un reparto de inversiones y una ejecución que se ajuste a una programación racional que acabe con el déficit inversor en la Comunidad Valenciana, compensando en todo caso la insuficiencia inversora en los últimos años y dedicando una cantidad de recursos ajustada a su peso poblacional".