De esta forma, el título segundo del nuevo texto abre un abanico de reformas en este sentido en las que, en el mismo plano económico, también establece que los diputados miembros del Gobierno solo pueden percibir retribuciones derivadas de esta última condición y regula la indemnización por cese asimilándola, en la medida de lo posible, a la prestación por desempleo. De acuerdo con las palabras de Héctor Vicente, ponente y parlamentario de Podemos, se trata de que "los derechos económicos se equiparen a la realidad social actual lo máximo posible".
Además, el nuevo texto obliga a la publicidad en la web de todos los datos relativos a los derechos económicos y de protección social de los diputados y recoge el sistema actual acordado por la Junta de Portavoces en relación al registro de intereses y las declaraciones de bienes y actividades. "Todos los cambios se han buscado desde la máxima transparencia de todos nuestros bienes desde el portal de las Cortes de Aragón", ha explicado Vicente como miembro de la Ponencia.
Otra de las novedades en este marco, el referente al conocido como Estatuto de los Diputados, se produce en el derecho de información. Mientras que en el anterior texto reglamentario solo se hacía referencia a él en un artículo, ahora son cuatro los que sintetizan el objeto del derecho y ofrece soluciones concretas para casos de excesivo volumen de información, con posibilidad de comprobación in situ con la asistencia de asesores.
Aunque se mantienen igual los plazos o la posibilidad de queja, el texto consensuado por los grupos parlamentarios incorpora la posibilidad de pregunta o comparecencia en Pleno sobre incumplimientos o cumplimientos defectuosos.