Según ha dicho como testigo por ser el encargado de la empresa de coordinar los trabajos con el Govern, T-Systems envió una carta al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) para que le confirmase si los encargos que tenían quedaban afectados por la resolución judicial.
Este representante de la empresa ha asegurado al tribunal que el 7 de noviembre de 2014 --tres días después de la suspensión del TC y dos días antes del 9N-- el CTTI les contestó que podían continuar con los trabajos.
También ha dicho que durante todo el 9 de noviembre --día de las votaciones-- trabajadores de la empresa ofrecieron servicios de apoyo presencial para garantizar que toda la logística informática funcionara.
El fiscal intenta demostrar que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau continuaron tutelando los preparativos del 9N desobedeciendo así la resolución del TC, aunque los acusados sostienen que dejaron la consulta en manos de los voluntarios.