La primera sesión duró cinco horas y en ella declararon seis de los acusados --el otro está en rebeldía-- y también el ahora expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, que lo hizo como testigos y el resto de convocados en esa calidad.
Para esta segunda sesión aún queda la testifical de una periodista y la declaración de los peritos que informaron sobre los daños en el vehículo del presidente.
En esa primera jornada, coincidiendo con el juicio, varios centenares de jóvenes se concentraron a primera hora de la mañana y también a mediodía, en los aledaños del juzgado convocados por colectivos de estudiantes.
Además de las concentraciones en los juzgados de la calle Alta, el Colectivo de Estudiantes de Cantabria (ColEst) y el Frente de Estudiantes convocó una huelga estudiantil y una manifestación en "solidaridad" con los acusados.
Los hechos ocurrieron el 17 de febrero de 2014, cuando Diego fue invitado por la UC a participar en un acto público bajo el lema 'Tengo una pregunta para usted'.
El Ministerio fiscal, única parte que ejerce la acusación, considera que los siete acusados son autores de un delito de coacciones y de una falta contra el orden público por falta de respeto y consideración a la autoridad, por los que pide para cada uno de ellos multas de 4.400 euros.
Y a uno de ellos le considera, además, autor de un delito de daños en el vehículo de reacción policial en el que se subió Diego a la salida del acto, y le pide un año de cárcel, multa de 3.600 euros e indemnización de 740 euros a la empresa de renting propietaria del vehículo. Sin embargo, ninguno de los testigos ha podido precisar quién dio esas patadas.
En su declaración en el juicio, los jóvenes acusados por el 'escrache' aseguraron que fue una "protesta pacífica" y que "en ningún momento" pretendieron impedir su salida del recinto universitario. Diego, sin embargo, dijo que su actitud fue "agresiva, absolutamente excesiva e innecesaria".
Los policías nacionales que escoltaban habitualmente a Diego fueron mucho más allá y aseguraron que los jóvenes pretendían agredir al entonces presidente.
Los escoltas y el que fuera su jefe de gabinete, Arsenio de la Vega, relataron que ese día se reforzó la seguridad porque tenían conocimiento por las redes sociales de la convocatoria de un escrache con motivo de la presencia de Diego en la Universidad.
Los acusados dijeron que no acudieron a la convocatoria del escrache sino al acto para preguntar al entonces presidente. Aseguraron que "en ningún momento" impidieron su salida del recinto universitario y que su única intención fue mostrar su "enfado e indignación" porque se les había denegado "sin ningún tipo de explicación" la entrada al acto público.
A preguntas del fiscal, el expresidente contó que pidió que se dejara pasar a todo el mundo para "intentar celebrar con la mayor normalidad posible" aquel acto, al que finalmente --dijo-- entraron "muy pocos", algo que fue decisión del servicio de seguridad de la universidad.
El expresidente cántabro afirmó que algunas personas tenían una actitud "agresiva, algunos de ellos muy salida de tono" y que fue una situación "violenta".
A preguntas del fiscal, respondió que "en algunos casos muy concretos" la protesta fue más allá de lo que puede ser una manifestación en defensa de la enseñanza pública, y aseguró que en ninguna otra situación ha tenido que ser evacuado en otro vehículo distinto al oficial como ocurrió en este caso; aunque sí dijo haber vivido otras situaciones "desagradables" como ésta con los "tumultos" de Sniace en Torrelavega.
En todo caso, dijo que fue "un incidente al que no quiso dar mayor importancia". Diego señaló que le insultaron a la entrada y a la salida del acto, profirieron "alguna amenaza", golpearon con fuerza los cristales e incluso "quisieron acompañarle en la salida".
Declaró que dos de los acusados intentaron aproximarse y entrar al coche por el lateral, pero los escoltas se lo impidieron, lo mismo que hicieron con los que se pusieron delante del vehículo con una pancarta.
"PROTESTA PACÍFICA"
Sin embargo, en su declaración inicial los acusados aseguraron que "fue una protesta pacífica en todo momento", que no insultaron a Diego, que solo corearon proclamas en defensa de la enseñanza pública y contra el PP, y que fueron los "empujones" de los escoltas los que arrastraron hacia el coche del presidente a algunos de los participantes en la protesta, que "se dejaron llevar" sin oponer "resistencia" e incluso alguno de ellos "con los brazos arriba".
Dijeron que no sabían que los escoltas del presidente eran policías, porque iban trajeados, y denunciaron que uno de ellos "agredió" a dos jóvenes y que eso fue lo que provocó los momentos de tensión cuando ya se había ido el coche del presidente.
Uno de los acusados, Marcos Martínez, que formaba parte de la dirección estatal de Podemos en el momento de los hechos, aseguró que "hubo violencia" pero no por parte de los manifestantes sino de los escoltas del presidente que "salieron a empujones y me llegaron a golpear".
Uno tras otro, los seis acusados -el séptimo está "en rebeldía"- aseguraron que "nadie intenta entrar" al coche del expresidente ni impedirle que se meta en el vehículo. También rechazaron, como sostiene el fiscal y los escoltas, que se pusieran de acuerdo previamente, que intentaran impedir la salida del coche y que se abalanzaran sobre el coche del presidente y pusieran una pancarta sobre el parabrisas.
De hecho, explicaron que los dos jóvenes que llevaban la pancarta intentaron cruzar al otro lado para mostrarla al paso del coche, pero éste arrancó y "casi les arrolla". Según han dicho, fue en ese momento cuando soltaron la pancarta y ésta "se posó" en el capó del coche del expresidente, extremo que negaron rotundamente el propio Diego y los escoltas.