La decisión del Supremo fue consecuencia de la estimación del recurso de casación interpuesto por Manos Limpias contra la absolución de los tres parlamentarios acordada en diciembre de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La Fiscalía no acusó a los parlamentarios, dejando la exclusividad de la acción a la acusación popular ejercida por Manos Limpias. De este modo, la decisión del Supremo en este caso fue contraria a lo establecido en la denominada 'doctrina Botín', que impidió la apertura de un proceso al banquero a instancia exclusiva de la acusación popular.