Cs solicitó este dictamen al plantear dudas sobre la legalidad de algunos impuestos, parte de los cuales de nueva creación, como el del riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos; el de bebidas azucaradas; el de los grandes establecimientos comerciales; el de las estancias en establecimientos turísticos, y el de las viviendas vacías.
El Consell de Garanties también considera que los artículos sobre deducciones para inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión en el mercado alternativo bursátil, y por inversión en vivienda habitual no vulnera la Constitución ni el Estatut, así como tampoco los relativos al suministro de información a la Agencia Tributaria de Catalunya.
Este dictamen llega una semana después de que el CGE concluyera, en un dictamen fruto de un recurso presentado por Cs, PSC y PP, que es inconstitucional la disposición adicional que se refiere al referéndum en el proyecto de ley de Presupuestos 2017.
A falta de que JxSí y la CUP encuentren una salida para adecuar esta disposición adicional, como se comprometió en el Parlament el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, las cuentas ya podrán llegar al pleno para su aprobación definitiva.
El Govern tuvo que rehacer algunos de los impuestos analizados, como el de nucleares y el de grandes establecimientos comerciales, para salvar el veto del Tribunal Constitucional (TC).
SEGURIDAD JURÍDICA
Además de analizar detalladamente los artículos recurridos por Cs, los miembros del Consell de Garanties concluyen que no se vulnera la seguridad jurídica como consecuencia del carácter de 'ley òmnibus' que atribuyen al proyecto de ley.
Argumentan que, desde una perspectiva constitucional, "no hay ningún obstáculo que impida o limite la introducción de un único texto legislativo de una gran cantidad de normas heterogénea", o de carácter multisectorial.
Pese a ello, y en el ejercicio de su función consultiva, el órgano consultivo entiende que el Parlament y el Govern deberían considerar la idoneidad de mantener este tipo de normas porque cree que pueden presentar problemas y deficiencias de técnica legislativa importante.