Según ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y ha desarrollado después la ministra de Empleo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que prorroga el Plan Prepara 450 euros para parados de larga duración que no tienen prestaciones y con mayores cargas familiares, 400 euros para el resto. La duración de esta prestación será de seis meses.
Además, ha anunciado una prórroga automática de esta medida hasta que la tasa de paro no sea menor del 20 por ciento. En el mismo sentido, se ha aprobado una bajada del número de peonadas para acceder a la renta agraria de 35 a 20 debido a la reducción de la campaña de la aceituna.
Báñez ha recalcado que 2012 ha sido el segundo peor año de toda la recesión de los últimos cinco años. "El Gobierno era consciente de que éste sería un año difícil", ha indicado. Han sido, según la ministra, "doce meses de grave travesía", pero ha recalcado que "pese a la magnitud de los datos de la EPA" cree que "algo empieza a cambiar" porque se ha frenado el ritmo de destrucción de empleo, asegura.
Según Báñez, en 2012 se redujo el ritmo de reducción de empleo del 18 por ciento al 13 por ciento respecto a 2011, y del 12 por ciento al 9 por ciento "mes a mes". Ha subrayado que "pese a los malos datos, después de 12 meses, hay 400 parados menos al día".
Ha indicado que la reforma laboral ha aportado "flexibilidad" y ha destacado que el 84 por ciento de las medidas adoptadas por las empresas son alternativas al despido y sólo el 16 por ciento han consistido en despidos.
Citando al exgobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, Báñez ha indicado que "si la reforma laboral se hubiera aplicado al principio de la crisis, nos habríamos ahorrado un millón de parados".
Ley de Unidad de Mercado
La vicepresidenta ha anunciado también la aprobación de una ley de unidad del mercado, una reforma estructural "clave", de esas "que hacen país". Santamaría ha señalado que eliminar las barreras para el comercio interior es urgente y tiene efectos importantes porque mejorará la competitividad.
"Se trata de una norma en beneficio de todos los operadores económicos españoles que no perjudica a nadie y beneficia a todos", ha explicado. Aunque beneficia más a las autonomías con un mayor sector industrial: Cataluña, Madrid y el País Vasco.
"Los operadores se someterán a la legislación de origen", ha indicado Santamaría. "Con esa autorización podrán operar en el resto del territorio", ha apuntado. "Con esta ley lo que atendemos es una reclamación generalizada" de todos los sectores, tanto nacionales como extranjeros. "Muchos inversores internacionales, o el propio Consejo Europeo han insistido en que simplifiquemos la norma", ha indicado.
El Consejo de Ministros ha aprobado también la modificación de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Ahora irá a las Cortes Generales, a quienes pedirán tramitación de urgencia para cumplir con los plazos de la UE.