Así lo ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que ha detallado que se crean tres plazas de magistrado para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, otras tres para el de la Comunidad de Madrid y una para el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La atención a las necesidades de la segunda instancia penal justifica la creación las de dieciséis nuevas plazas de magistrado, que también incluyen tres plazas para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
La asignación de estas plazas se ha realizado tenido en cuenta la previsión de la carga de trabajo que van a tener las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Igualmente, se ha valorado la dispersión geográfica y el número de Audiencias Provinciales dependientes de cada TSJ.
El Gobierno ha señalado este viernes que en el plazo de dieciocho meses el Ministerio de Justicia volverá a evaluar las necesidades existentes de cara a la posible creación de plazas adiciones.
Asimismo, ha recordado que la segunda instancia penal ya está recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que España ratificó en abril de 1977 y que establece con claridad el derecho de cualquier persona condenada por un delito a que, tanto el fallo condenatorio, como la pena impuesta, se sometan a un tribunal superior.
En el derecho español existe esta segunda instancia penal contra las sentencias y autos dictados por los jueces de Instrucción y de lo Penal que se recurren tradicionalmente en apelación ante la Audiencia Provincial. Sin embargo, nuestra legislación no contemplaba esta figura respecto a las sentencias dictadas en primera instancia por la propia Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional.
Con la introducción de la segunda instancia penal que se materializa con este Real Decreto se mejoran las garantías de los ciudadanos ante la Justicia al reforzarse los recursos procesales en el ámbito penal; y España cumple plenamente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, se destaca que la vía ordinaria de recurso culmina por primera vez en cada Comunidad Autónoma, con lo que se refuerza el ámbito procesal penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
El Tribunal Supremo, a través del recurso extraordinario de casación, recupera, además, su función propia de introducir uniformidad y seguridad jurídica en el sistema penal, contribuyendo a la descongestión de los asuntos tramitados por el mismo.