El dictamen del Consejo de Garantías, redactado a petición del PSC y de SíQueEsPot, analiza varios artículos a petición de los grupos y sólo ve motivo de vulneración de la Constitución en el apartado dos de la disposición transitoria primera referente a la contratación de personal.
En concreto, el apartado pide la "consideración especial del personal que acredite experiencia en el sistema de seguridad social y de protección social, a la hora de dotarse de personal".
El órgano consultivo del Parlamento catalán considera que el contenido del apartado constituye una "ilegítima norma constrictiva del derecho fundamental de acceso y promoción en condiciones de igualdad a la función pública" que exige el artículo 23.2 de la Constitución.
El Consejo de Garantías concluye que "el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la proposición de ley vulnera el derecho constitucional garantizado" en la Constitución, que hace referencia a la convocatoria de oposición y a los requisitos para acceder a una plaza pública.
Por eso, advierte a los redactores del proyecto de ley de que si tienen que convocar oposiciones o procesos de selección, deben hacerlo "siguiendo la regla general de libre concurrencia y evitando establecer preceptivamente y con carácter general, una norma de prevalencia o de prioridad por motivo de una experiencia previa" en un determinado sector del servicio público.