Hasta en cuatro ocasiones ha repetido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, su acusación: "Más de medio millón de personas cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo". Y por si quedaba alguna duda aclaraba a qué tipo de fraude se refería. "Personas que cobran la prestación por desempleo y que, sin embargo, trabajan fraudulentamente en B".
Son unas cifras que implicarían que el 20 por ciento de los que cobran la prestación del paro lo hacen de manera fraudulenta. Algo que ya ha desmentido el Ministerio de Empleo que asegura que en ese medio millón se incluyen todo tipo de irregularidades. La mayoría leves como no sellar el paro.
Los datos de Empleo aseguran que hasta agosto 60.000 personas han perdido la prestación por desempleo. 5.800 por cobrar el paro y trabajar en negro. Las sanciones contra el fraude se endurecerán el año que viene.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría, ha destacado que este plan de lucha contra el fraude es el "más ambicioso" de la Democracia, y ha incorporado, entre otras medidas, un conjunto de instrumentos legislativos y nuevos mecanismos de control contra el fraude de todo tipo.
De los más de 22.500 millones de euros obtenidos, 16.500 millones proceden de la lucha contra el fraude fiscal y 6.152 millones de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
A estos datos hay que sumar, indicó la vicepresidenta, el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros, gracias a la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero.
El Gobierno "reforzará" las sanciones a los parados por rechazar ofertas de empleo adecuadas
Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Ministerio de Empleo presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones.
La vicepresidenta ha recordado que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazas, la prestación por desempleo se extingue.
Ha afirmado que la nueva LISOS "reforzará las consecuencias" que se derivan sobre el parado por rechazar ofertas adecuadas, al tiempo que ha destacado que Empleo está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.
Sáenz de Santamaría ha respondido así al ser preguntada por si el Gobierno piensa acometer alguna reforma para combatir el fraude en el paro, una vez conocido que entre enero de 2012 y junio de 2013 se detectaron más de 500.000 desempleados cobrando indebidamente prestaciones, lo que ha generado al Estado un ahorro superior a los 3.000 millones de euros.
Según datos del Ministerio de Empleo, los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de junio de este año ascendían a 2.801.625, mientras que los existentes en enero de 2012 eran 3.012.045. En ese flujo constante de entradas y salidas a la prestación por desempleo transcurrido en ese año y medio, el Ejecutivo ha detectado 520.572 parados cobrando indebidamente la prestación.