El Ejecutivo ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley de Transparencia, que tiene como objeto principal que la actividad y las cuentas de las administraciones sean más accesibles para los ciudadanos. Pese a ello, el Gobierno ha anunciado que la Casa del Rey no se verá afectada por dicha norma ya que "no forma parte de las administraciones que están sujetas al acceso de documentos". Además, el Ejecutivo ha señalado que se sancionará a ministros y altos cargos que no cumplan las normas de Buen Gobierno y estabilidad presupuestaria.
El anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.
Así, según ha anunciado la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, la ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. De esta manera, ha explicado que será el mismo Gobierno el que sancione a los ministros que incumplan, mientras que será el Ministerio de Hacienda el que imponga las sanciones al resto de altos cargos de Comunidades Autonómas o corporaciones municipales y locales que no cumplan con la estabilidad presupuestaria y la trasparencia.
La vicepresidenta la señalado que el borrador del anteproyecto que ha estado colgado en Internet para su acceso público ha recibido más de 78.000 visitas y más de 3.700 aportaciones algunas de las cuales se han incorporado al texto.
No se ha incluido en la ley de tranparencia las actividades de la Casa del Rey, ya que, según Sáenz de Santamaría, "no forma parte de las administraciones que están sujetas al acceso de documentos".
La reunión con las comunidades, un "pacto de estado"
Por otra parte, la vicepresidenta también se ha referido a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sáenz de Santamaría ha realizado una valoración "sumamente positiva" del acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas porque marca un "hito importante" para el Estado de las autonomías y supone un "auténtico pacto de Estado y un consenso de alto nivel".
Sáenz de Santamaría ha resaltado que este acuerdo demuestra que el Estado y las comunidades autónomas son capaces de marcar objetivos comunes, en este caso, la reducción del déficit. Éste es uno de los tres elementos que el Gobierno considera fundamentales para salir de la crisis. Los otros dos, según ha explicado, son las reformas estructurales y la del sector financiero.