Apenas dos meses después de haber tomado posesión como titular de Justicia, Rafael Catalá ha llevado a la mesa del Consejo de Ministros un texto que selecciona algunos de los puntos más urgentes de la propuesta que fue defendida por su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón a partir de las ideas de una comisión de expertos. Para Catalá, el objetivo es "mejorar la agilidad y la eficacia del sistema procesal penal" ya que "una justicia tardía es una justicia de menor calidad".
El Gobierno aparca el eje principal de aquella reforma que giraba en torno a la figura del 'fiscal instructor', algo que ya planteó el Gobierno socialista sin haber llegado tampoco a buen puerto. Cuando queda apenas un año de legislatura y un periodo de sesiones completo -de febrero a junio de 2015-, considera urgente mejorar la interceptación de las comunicaciones y agilizar los procesos judiciales.
En este sentido, simplificará la tramitación procesal para evitar la concatenación de piezas en los 'macroprocesos' y limitará la instrucción en las causas más simples a seis meses y a un plazo de 18 meses en las más complejas, como las que afectan a organizaciones criminales, terrorismo o exijan el análisis de abundante documentación o de actuaciones en el extranjero donde la respuesta a las comisiones rogatorias no depende del juez. "Ese plazo es ampliable a instancias del fiscal y con decisión del juez y cuando las causas lo justifiquen", ha matizado el ministro.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla un plazo de tres meses a dos años para intervenir las comunicaciones que se realicen a través de un teléfono o sistema de comunicación telemática. Además, incorporará la jurisprudencia en esta materia dictada por el Tribunal Constitucional, que recientemente prohibió grabar las conversaciones de los detenidos en los calabozos algo que afectó al 'caso Asunta'.
Catalá ha indicado también que las denuncias sobre hechos sin autor conocido se conviertan en un procedimiento administrativo hasta que no se detenga al autor, momento en el que se iniciaría el procedimiento judicial. En este sentido, también se amplía "el concepto de los juicios rápidos" para asuntos de tramitación sencilla y simplificada como delitos de conducción en estado de embriaguez.
Además las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se incorpororán a nuestro ordenamiento jurídico automáticamente mediante un recurso ante la sala segunda del Tribunal Supremo que será el que conozca de estas sentencias.
También se incluye una nueva figura, la del decomiso autónomo, con el fin de recuperar el dinero procedente de delitos y evitar el uso de testaferros. Así mismo, se incorpora una oficina de recuperación y gestión de estos activos, oficina inspirada en el "modelo francés", donde funciona desde hace dos años.
El juez Ruz
Preguntado sobre la situación del juez Ruz, que investiga la presunta financiación ilegal del PP y que deberá abandonar la plaza que ocupa en la Audiencia Nacional para la que se le había renovado seis meses, plazo que termina ahora, el ministro Catalá ha indicado que es una decisión que depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya ha decidido sacar la plaza a concurso.