El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha aprobado un informe para la reforma en profundidad del Código Penal. Según el ministro, ““España necesita una reforma del Código Penal para responder a las nuevas formas de delincuencia” ya que el actual Código data del silgo XIX. La reforma introduce un delito de prisión permanente revisable para delitos especialmente graves.
Esos delitos serían el magnicidio de Jefes de Estado, terrorismo con resultado de muerte, genocidios, delitos de lesa humanidad con muerte de la víctima y el asesinato de especial gravedad por la indefensión de la víctima, en cuatro supuestos: Cuando las víctimas sean menores de 16 años o sean especialmente vulnerables; delito de asesinato subsiguiente a un delito de libertad sexual contra la víctima; asesinato múltiple; y asesinatos cometidos por miembros de una organización criminal.
La prisión permanente revisable será una pena privativa de libertad sujeta a revisión en un periodo establecido de años. Su propósito es “endurecer el castigo de este tipo de delitos reprobables”.
Gallardón ha subrayado que se requerirá haber cumplido un mínimo de años (entre 25 y 30 años) antes de proceder a la revisión y a la obtención de la libertad condicional.
Además, ha anunciado la eliminación de las “faltas” del Código Penal , que pasarán a ser tratadas por el Derecho Administrativo. Algunas de las faltas se convierten en delitos leves y sí serán juzgados por el Código Penal.
Reforma del sistema eléctrico
El Gobierno, además, ha aprobado un anteproyecto de Ley para acabar con el déficit de tarifa en el sistema eléctrico y recuadar 2.734 millones, en el que se recogen impuestos a la nuclear, un canon a la hidráulica, un nuevo gravamen del 6 por ciento a la producción de energía para todas las tecnologías y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel oil.
Las medidas vendrán acompañadas de posteriores iniciativas liberalizadoras, como la reducción del número de consumidores con derecho a tarifa regulada, ha anunciado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El nuevo gravamen nuclear tiene dos partes, que son un impuesto a la producción de residuos, que procurará ingresos de 269 millones entre 2013, 2014 y 2015, así como un impuesto al almacenamiento de residuos que reordenará las distintas fórmulas ya existentes.
En el caso del canon hidráulico, el valor económico de la nueva figura es de 304 millones entre 2013 y 2015, de modo que las nuevas imposiciones para nuclear e hidráulica ascienden a 574 millones.
Además, el Gobierno crea céntimos verdes para el gas natural (804 millones), para la generación eléctrica con carbón (268 millones) y para el fuel oil (38 millones de euros). Habrá ingresos procedentes por la venta de derechos de emisión de CO2 por 450 millones.
El impuesto a la venta de electricidad del 6%, de carácter estatal, permitirá ingresar 571,7 millones y se aplicará a todas las tecnologías, incluidas las renovables.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, calificó la reforma eléctrica de "difícil" y "necesaria", ya que, de no aplicarse, habría dado origen a un aumento de la deuda de los consumidores con el sector de 5.000 millones de euros al año.
Al diseñar la norma, afirmó, el Gobierno se ha puesto el "objetivo de no trasladar al consumidor el tarifazo eléctrico", lo que, de haberse hecho, "habría supuesto una subida del recibo del 43% de media".
"La reforma del sistema eléctrico es una de las reformas más necesarias, ya que el agujero de deuda de anteriores ejecutivos asciende a 24.000 millones de euros, y si no se frenaba cada año podría incrementarse en más de 5.000 millones", añadió Sáenz de Santamaría.