Durante su intervención este mediodía en la sesión de la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, ha indicado que a ella le comunican unas irregularidades en formación en octubre de 2013 cuando algunas asociaciones empresarial receptoras de la subvención "se empiezan a sentir muy nerviosas porque empiezan a recibir comunicaciones de revocación y reintegro de subvenciones".
Aunque hasta febrero del año siguiente no constataron que podía ser una estafa que ella ha cifrado en 2,66 millones de euros frente a los 4 que se manejaban hasta ahora sólo en parte madrileña de la organización delictiva.
Mariño ha señalado que en la anterior legislatura explicó todo el procedimiento hasta en 19 ocasiones en la Asamblea. Y ha reprochado a los portavoces de la oposición que confíen en el trabajo de los técnicos pero pongan en duda en suyo y el de los políticos en este caso.
"En octubre del 2013 las asociaciones se empiezan a sentir muy nerviosas porque reciben comunicaciones de revocación y reintegro de subvenciones. Yo a lo largo de ese periodo legislativo estuvo 19 veces explicando todo este procedimiento", ha dicho.
La compareciente también ha manifestado que colaboraron en todo momento con la Policía. La primera llamada la recibieron en 2014, pero la persona que la recepcionó dudó de su procedencia porque pensaba que era un periodista, por lo que le pidió al agente que pasaran las diligencias por escrito.
Cuando llegaron acudieron a la Policía primero el entonces subdirector de Formación Joaquín Velazquez, que fue cesado tres días después de esta visita. Luego acudió la director de Empleo."Hicimos que los técnicos investigaran para ir hasta el final", ha recalcado la exconsejera, que ha añadido que dieron a la Policía su propia investigación sobre el tema.
Preguntada por el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, sobre las razones del cese del subdirector de Formación de la Comunidad, Joaquín Velázquez, la compareciente ha explicado que fue a petición de su exdirectora general de Formación de la Consejería de Economía, Patricia Herreros, que luego fue imputada por la juez del caso por posibles indicios de su participación en delitos fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación.
"Hacía tiempo que la directora general quería hacer cambios y le dije que cuando ella consideraba. Velázquez fue cesado por falta de sintonía y por no hacer bien su trabajo. Y muy equivocada no estaba porque le grabó de forma ilícita", ha señalado Mariño. El subdirector, que recibió una paliza en ese tiempo por causas aún por esclarecer, es ahora testigo protegido del caso.
Mariño ha defendido que la Comunidad investigó desde que supo esta supuesta estafa con los técnicos y con informes realizados por la Secretaría General y la Abogacía de la Comunidad. "Me pasé muchos meses defendiendo mi gestión política, que era mejorar las condiciones laborales para mejorar la competitividad de sus empresas. En ocho meses jamás dije nada contra los técnicos", ha añadido.
Por otro lado, ha señalado que tras destaparse el caso los técnicos examinarán todas las plataformas de los cursos a distancia "revisando todos los dossieres de teleformación". También ha defendido el control 'ex post' porque "había trazabilidad" (dejan huella de forma 'on line'), aunque ha reconocido que anuló cualquier subvención a la teleformación tras el 'caso Aneri'.
La también diputada autonómica ha recalcado que la Fundación Tripartita "nunca abrió la aplicación de forma extemporánea" después de que varias de las asociaciones empresariales afectadas por el caso Aneri pidieran que se abriera el plazo para justificar dichas subvenciones. "Se habían abierto de forma ordinaria y se hizo en dos ocasiones organizado por el órgano competente, que era el directo general", ha apuntado.
Respecto a que Sinergia Empresarial, propiedad del empresario cordobés ahora encarcelado, hubiera recibido la distinción Madrid Excelente, Mariño ha recordado que Madrid Excelente es una fundación "con su propia forma de trabajar y con sus propios requisitos". Y aunque ha indicado que a ellos les comunicaron que no le habían concedido dicha distinción, ha aclarado que en ningún caso partió propuesta alguna desde la Consejería que gestionaba.
Por último, Ana Isabel Mariño no quiere que quede sobre la actuación de la Consejería y sus trabajadores "ni una sombra de duda" sobre este caso y ha ofrecido a Ongil hablar si lo desea fuera de la comisión de más aspectos del caso. "Actuamos de acuerdo con lo previsto en la legislación, de acuerdo a Derecho y no hubo connivencia alguna", ha añadido.