El Estatut actual de Catalunya vivió un largo periplo hasta ser aprobado primero por el Parlament y luego por Las Cortes y, finalmente, fue recortado por el Tribunal Constitucional, y los socialistas proponen cambiar este mecanismo para evitar estas situaciones.
Así, los socialistas catalanes proponen que la aprobación de los estatutos sea tarea exclusiva de las Comunidades Autónomas, además de proponer "la limitación del control del Tribunal Constitucional" sobre las normas finalmente aprobadas.
El texto también aborda una nueva financiación para las autonomías y establece que la Constitución debería recoger el "principio de ordinalidad, autonomía financiera, suficiencia y solidaridad", y también la figura de los Consorcios Tributarias con participación del Estado y de los entes federados.
El PSC también pide en esta resolución una reforma del Senado para "convertirlo en un Consejo Federal integrado por representantes de los gobiernos autonómicos", con un número mínimo de tres miembros por comunidad, más uno adicional por cada millón de habitantes.
'No' a la consulta sobre la independencia de Cataluña
Además, la comisión del congreso del PSC que debate la ponencia política del partido para los próximos años ha tumbado por mayoría una enmienda de la agrupación de Granollers (Barcelona) que proponía celebrar una consulta acordada sobre la independencia de Cataluña. La iniciativa defendía que la "deriva independentista" pasa por un cambio tanto en las relaciones Cataluña-España como de la propia España.
Aunque subrayaba que dicho cambio debe conducir a un modelo federal del Estado, la enmienda apuntaba que, a diferencia de lo que dice la ponencia marco del congreso del PSC y tras la fractura que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut, "la única vía posible para resolver esta situación y dar una salida al problema de encaje de Cataluña pasa por una consulta al pueblo catalán".
"Una consulta con pregunta clara y de acuerdo a la legalidad. Pensamos que Cataluña debe poder decidir si quiere o no compartir un proyecto con el resto de pueblos de España. Nosotros lo queremos, pero no porque desde el Estado se nos obligue o nos sintamos sometidos, sino porque sea la voluntad de los catalanes", recogía la enmienda.
La propuesta ha sido ampliamente rechazada al contar con sólo una decena de votos a favor y tampoco ha obtenido el apoyo suficiente para ser debatida en el plenario del congreso: como mínimo 43 votos de delegados de la comisión.
Esta comisión también ha debatido el polémico apartado de la ponencia marco que en un primer borrador abría la puerta a celebrar un referéndum a la canadiense -pactado y con pregunta clara- como 'plan B' en caso de que en Cataluña fracasara la reforma constitucional, una apuesta que finalmente se eliminó por el revuelo generado entre la militancia.
El nuevo redactado ya no hacía referencia a la 'vía canadiense' y hacía hincapié en la apuesta de los socialistas por la reforma federal de la Constitución: se ha debatido y aprobado con el apoyo mayoritario de los delegados de la comisión, a la espera de que el plenario lo ratifique.